Las ONGs, ante el proceso de regularización de migrantes, alertan del colapso de los servicios sociales: «El concello da cita para dentro de un mes, y el plazo termina en tres»

La plantilla al cien por cien. Horas extra. Formaciones exprés para ponerse al día con los cambios de última hora. Así describen las primeras jornadas del proceso de regularización extraordinaria las organizaciones gallegas que acompañan a personas migrantes sobre el terreno. «Los primeros días están siendo de muchísima carga de trabajo», resume Patricia Ares, de Viraventos, una ONG con sede en A Coruña. «Estamos tirando de voluntariado, tirando de horas extra, tirando de lo que sea».

Se estima que en Galicia entre 8.000 y 10.000 personas en situación irregular podrían acogerse al proceso, que empezó el jueves. El dato encaja con el arranque nacional: cerca de 13.500 solicitudes telemáticas el primer día, con colas de hasta cinco horas en muchas oficinas, aunque son una ínfima parte del volumen previsto de entre 500.000 y 800.000 personas.

Las organizaciones llevaban semanas preparándose y muchos solicitantes llegaron el primer día con la documentación ya lista. Pero la inclusión a última hora del informe de vulnerabilidad —una exigencia introducida en el decreto tras el dictamen del Consejo de Estado, no prevista en los borradores anteriores— pilló al sector por sorpresa. «Ya teníamos un camino y a última hora se giró», explica Manuel Pérez, presidente de la Federación Venezolana de Galicia (Fevega), con oficinas en Vigo, Ourense y Lugo, que tuvo que improvisar una sesión de formación con los abogados que asesoran a la federación en las distintas ciudades gallegas. «Día a día se aclara un poquito mejor», reconoce, «nos vamos acoplando al proceso».

El informe acredita la situación de especial vulnerabilidad derivada de la irregularidad administrativa y pueden emitirlo los servicios sociales municipales o las entidades colaboradoras, pero en Galicia no son muchas. En toda A Coruña, señala Ares, son dos, y Viraventos es una de ellas.

Cita dentro de un mes... si la dan

Los servicios sociales municipales, ya saturados antes del inicio del proceso, no dan abasto con la avalancha de solicitudes. En esto coinciden todas las entidades. «El concello da cita para el informe de vulnerabilidad para dentro de un mes», señala Manuel Osorio, de la Asociación de Iberoamericanos en Pontevedra (Asovedra). Con el plazo abierto hasta el 30 de junio, un mes de espera puede ser la diferencia entre entrar en el proceso o quedarse fuera. Y eso cuando atienden: según han confirmado diversas asociaciones a este diario, hay concellos, grandes y pequeños, incluida una de las ciudades, que ni siquiera hacen el trámite y remiten a los usuarios directamente a las ONGs. El propio requisito genera además dudas de fondo. «Si no tienes acceso a un trabajo porque no tienes documentos, ¿qué más informe de vulnerabilidad necesitas?», se pregunta Pérez.

Las organizaciones más pequeñas también señalan a algunas de las entidades más grandes del sector, con mayores presupuestos, que no están tramitando regularizaciones: «Las echamos muchísimo de menos», lamenta Ares: «Somos las entidades más pequeñas las que estamos haciendo gran parte del trabajo».

Ante este panorama, Pérez considera que sería necesario abrir una segunda vuelta de inscripción de entidades colaboradoras para que puedan emitir informes de vulnerabilidad. «Hay muchas que no lo solicitaron y si se hace una campaña de sensibilización, ahora muchas lo harían», apunta el presidente de Fevega, que se incluye entre ellas. En su momento decidieron seguir asesorando a quienes lo soliciten, pero no tramitar las solicitudes; sin embargo, ahora no lo dudarían: «Hay muchas personas que no tienen para pagarle a un abogado los 400 euros que están cobrando».

El objetivo que comparten todas las entidades es el mismo: que nadie se quede fuera del proceso por no haber conseguido cita en los servicios sociales o por no haber encontrado una entidad que pudiera emitirle el informe, aunque para ello estén sacando tiempo de donde no lo tienen. «No puede ser una cuestión de 'no tengo cita' o 'nadie me hace el informe'», insiste Ares. Asovedra, para intentar reducir los tiempos, ya está firmando convenios y repartiendo casos con otras organizaciones como Mujeres en Igualdad (Bumei), que está acreditada como entidad colaboradora. «Si no hacemos un trabajo en red y en conjunto nos vamos a saturar todos», advierte Osorio. Para Pérez, por su parte, la conclusión es clara: un proceso de esta magnitud debería haberse articulado de forma más sencilla desde el principio. «Deberían hacerlo más fácil para que todo el mundo tenga acceso rápido», dice, «el Estado tiene recursos y personas capacitadas para eso».

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