Las ONGs que colaboran con la regularización de migrantes: «Hacía 20 años que no había un proceso así. Es un momento histórico»

A pesar del agotamiento de estos primeros días, las organizaciones que trabajan con migrantes en Galicia no pierden de vista lo que representa este proceso: la primera regularización extraordinaria en España en dos décadas, resultado de años de movilización social y de más de 700.000 firmas recogidas por el movimiento Regularización Ya. «Hace 20 años que no hay un proceso de regularización normal. Es un momento histórico», recuerda Patricia Ares, de la ONG Viraventos. Una posibilidad que, para miles de personas que llevan años viviendo y trabajando en Galicia sin papeles, significa por fin poder salir del país para visitar a su familia, acceder a un empleo estable o simplemente dejar de vivir con miedo.

En este contexto, de las entidades que colaboran en el proceso piden que la regularización no se convierta en munición electoral. Manuel Osorio, presidente de la Asociación de Iberoamericanos de Pontevedra (Asovedra), lo tiene claro: «Este tema no debería utilizarse de ninguna de las partes en clave política, porque esto es una cuestión de Estado. Los derechos humanos y la dignidad de las personas no pueden convertirse en arma arrojadiza».

El responsable recuerda lo que la incertidumbre política de los últimos meses —con el debate sobre si el decreto sería aprobado, recurrido o paralizado— ha supuesto para cientos de miles de personas. «El simple hecho de que la gente sienta que se va a buscar la forma de invalidar el decreto que le está dando esperanza... no debería hacerse. Esto es un comienzo, una oportunidad», señala. Y advierte: «No podemos generar el mismo clima de división, de odio, que se está viviendo en otros países como Estados Unidos».

España, recuerda, ha sido un país de emigrantes, que allá donde fueron —Suiza, Venezuela, Argentina, Cuba...— «ayudaron a generar riqueza». «Ahora somos un país envejecido con poca natalidad, y hace falta mano de obra», señala, por lo que catalogar la inmigración de forma «destructiva» hace un flaco favor al estado de bienestar.

 Desde que el Gobierno central anunció la medida, la oposición la ha convertido en campo de batalla. El PP, cuyo líder Alberto Núñez Feijóo criticó lo que considera una regularización «a granel» y advirtió en foros europeos de que podría «exportar un problema migratorio», ha dejado abierta la posibilidad de recurrir el decreto. Varias comunidades autónomas gobernadas por los populares ya han anunciado que lo llevarán ante los tribunales, incluida Galicia, donde la Xunta estudia sumarse a esos recursos, alegando que el texto «nace mal concebido» y que se aprobó «sin escuchar en ningún momento a las comunidades autónomas». Vox, por su parte, recurrió la medida ante el Tribunal Supremo.

Sin embargo, no es la primera vez que España afronta un proceso de estas características. Gobiernos tanto del PP como del PSOE han impulsado regularizaciones extraordinarias a lo largo de las últimas décadas: en sus ocho años como presidente José María Aznar regularizó a cerca de 500.000 personas, igual que hizo después José  Luis Rodríguez Zapatero en el último proceso, de 2005. Es, como recuerda Patricia Ares, un momento histórico que no se repetía en veinte años. Y uno que, a juicio de quienes trabajan cada día con los afectados, debería estar por encima de la política.

Suscríbete para seguir leyendo