La batalla por el lobo da un salto en Galicia: ecologistas llevan al TSXG la desprotección del animal y piden que la ley llegue al Constitucional

La ofensiva judicial contra la desprotección del lobo ibérico en España ha dado un nuevo paso en Galicia. Ecoloxistas en Acción y el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico han solicitado al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que plantee una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra tres preceptos de la Ley estatal 1/2025, una norma que, según denuncian ambas entidades, eliminó la protección nacional de la especie. El pasado mes de marzo, el TSXG denegó a la Xunta la autorización para realizar batidas de control del lobo en el ámbito de los ayuntamientos de Curtis, Cerdedo-Cotobade y Ferrol. La sala concluye que no se ha demostrado un cambio de circunstancias que justifique la modificación de las medidas cautelares adoptadas y entiende que los argumentos presentados por la Xunta sobre un incremento de ataques de lobos no están respaldados por pruebas técnicas suficientes.

La petición se enmarca en el recurso contencioso-administrativo presentado contra la resolución de la Xunta que autorizó controles sobre el lobo ibérico durante la temporada de caza 2025/2026. El procedimiento se encuentra actualmente en fase de conclusiones y, además de impugnar esa decisión autonómica por razones de forma y de fondo, las organizaciones han pedido al alto tribunal gallego que examine la posible inconstitucionalidad de varios apartados de la ley estatal.

En concreto, el escrito se dirige contra la disposición final decimonovena, la disposición transitoria única y la disposición adicional octava de la Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Los recurrentes sostienen que esos preceptos, incorporados durante la tramitación parlamentaria en el Senado, no guardan relación con el objeto principal de la norma y suponen, a su juicio, un retroceso injustificado en materia de conservación de la biodiversidad.

Las organizaciones ecologistas cuestionan también la legalidad de la resolución aprobada por la Xunta. Argumentan que autorizar la caza o el control letal del lobo resulta incompatible con la situación actual de la especie, que —según recuerdan— presenta un estado de conservación desfavorable en la península ibérica. Además, ponen en duda la eficacia de estas medidas para prevenir daños a la ganadería y denuncian la falta de una evaluación rigurosa sobre la población de lobos, así como la ausencia de alternativas no letales.

El núcleo del conflicto está en el cambio normativo que dejó sin efecto la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, una decisión que había supuesto un hito en la conservación de la especie. Según exponen los colectivos, datos adelantados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sitúan al lobo en un estado de conservación desfavorable-inadecuado en las tres regiones biogeográficas en las que está presente en España: mediterránea, atlántica y alpina.

La modificación legal salió adelante durante la tramitación parlamentaria de la ley sobre desperdicio alimentario. Las entidades conservacionistas sostienen que esa vía legislativa permitió introducir cambios de gran calado ambiental en una norma ajena a esa materia, lo que, a su entender, vulnera principios constitucionales y debilita el marco jurídico de protección de la fauna salvaje.

Ahora será el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia el que decida si eleva o no la cuestión al Tribunal Constitucional. En caso de hacerlo, el órgano de garantías tendrá la última palabra sobre la validez de esos preceptos. Mientras tanto, el litigio sobre los controles autorizados por la Xunta y sobre el nuevo encaje legal del lobo mantiene abierto un frente judicial y político de primer nivel en torno a una de las especies más emblemáticas y controvertidas de la fauna ibérica.

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