El gran caos de las balizas V16: casi 900.000 conductores circulan en Galicia en la ilegalidad sin saberlo

La seguridad vial no suele ocupar portadas… hasta que algo falla. Y, en este caso, está fallando estrepitosamente. Los principales fabricantes de balizas V16 conectadas —el dispositivo que desde el 1 de enero es obligatorio— han levantado la voz ante una situación que califican de «preocupante» y que, a pie de carretera, ya se traduce en riesgos evitables, decisiones erróneas y un aumento de atropellos. Más de la mitad de los conductores españoles, advierten desde el sector, circulan hoy en la ilegalidad sin saberlo: más de 14 millones en el conjunto del país; de ellos casi 900.000 en Galicia. Pero no es por desidia, sino por pura desinformación. «La seguridad vial no admite ambigüedades ni improvisaciones», reivindican.

Los principales fabricantes se han constituido en el Grupo de Trabajo Sector V-16 Conectada, integrado por Netun Solutions -la empresa viguesa que ideó la V16- , Atressa, Distribuciones Escudero Fijo, Turisport, Erum Vial, Hella, Osram y Onexus Geo. La fotografía que retratan es demoledora: millones de conductores no saben qué baliza es válida, cómo deben actuar ante una avería o qué exige exactamente la normativa. Y no es casualidad. Los fabricantes denuncian la ausencia de campañas informativas claras, continuadas y accesibles.

Bulos y aumento de atropellos

El resultado es un caldo de cultivo perfecto para los bulos: que si la V16 no es obligatoria, que si las sanciones no se aplican, que si basta con la antigua señal o que si la conectividad es opcional. Mientras tanto, la ley exige una V16 conectada y homologada, y no llevarla puede comprometer tanto la seguridad como la legalidad del conductor.

Las cifras de atropellos durante esta pasada Semana Santa han encendido todas las alarmas, «lo que pone de relieve una problemática adicional que no puede ser ignorada». Unos datos que podrían deberse al uso incorrecto de la baliza V16, algo que los fabricantes no niegan: si el conductor no sabe cómo usarla, la herramienta pierde eficacia. «La coexistencia de un elevado número de usuarios que aún no disponen de una baliza conectada, junto con la actual falta de información clara, puede derivar en situaciones de riesgo añadido en carretera, incrementando la probabilidad de siniestros y agravando los datos de usuarios fallecidos o lesionados por atropella», advierten.

No a la «improvisación»

A esto se suma un escenario todavía más peligroso: conductores sin baliza conectada, otros con dispositivos no homologados y una ciudadanía confundida por mensajes contradictorios. El resultado es un mosaico de comportamientos imprevisibles en carretera. Y, en carretera, lo imprevisible mata.

La V16 conectada nació de un proceso normativo largo, técnico y respaldado por gobiernos de distinto signo. Pero en los últimos meses, el debate, lamentan desde el sector, ha derivado en un terreno pantanoso: la politización. Convertir un dispositivo diseñado para salvar vidas en un objeto de confrontación es, según denuncian, «irresponsable»: «La seguridad de los ciudadanos no puede estar sujeta a intereses partidistas ni a debates que distorsionen su finalidad».

Sanciones

También están las declaraciones contradictorias sobre las sanciones. Un día se dice que habrá multas, al siguiente que no, luego que depende… y así, en bucle. «Esta falta de claridad está debilitando la percepción de obligatoriedad del dispositivo y puede derivar en decisiones equivocadas por parte de los ciudadanos, tanto desde el punto de vista legal como de la seguridad vial», sostienen.

Ante esta situación, el ciudadano, desconcertado, opta por la inacción. Y la inacción, en carretera, tiene consecuencias. Los fabricantes piden algo tan básico como urgente: claridad normativa, mensajes coherentes y una comunicación institucional que no deje espacio a interpretaciones.

Detrás de la V16 conectada hay empresas españolas que han invertido en tecnología, producción y empleo, recuerdan. Y esa confusión no solo afecta a la seguridad vial, sino que, insiste el sector, también erosiona la seguridad jurídica y la competitividad de un sector que ha cumplido con lo que la ley exigía.

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