La Xunta espera recibir este año las competencias sobre aeródromos y permisos de trabajo
El Ejecutivo autonómico y el Gobierno central intentarán llegar a un acuerdo sobre la ley del deporte en un grupo de trabajo

La directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias, Sandra Vázquez, comparece en la Cámara. / XUNTA
La Xunta espera poder recibir del Estado este año el traspaso de las competencias sobre aeródromos no comerciales y para la autorización inicial de permisos de trabajo a extranjeros. Así lo ha dicho este miércoles en el Parlamento la directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias, Sandra Vázquez, que urgió celeridad al Gobierno central en estos asuntos que considera de interés general.
Al respecto, el diputado del BNG Iago Tabarés ha reprobado el enfoque de la Xunta sobre los migrantes y ha advertido de que «son más que mano de obra». «Son seres humanos, y en muchos casos tienen que venir aquí por culpa de sus guerras», ha advertido el parlamentario nacionalista, quien ha recordado que Galicia «también fue un pueblo emigrante».
Por su parte, la diputada Patricia Iglesias ha afeado «tintes racistas y xenófobos» en las declaraciones del presidente gallego, Alfonso Rueda, sobre el decreto de regularización de migrantes, y desde una perspectiva más amplia le ha instado a abandonar «luchas estériles para bailar el agua a (Alberto Núñez) Feijóo» y se centre en negociar las transferencias de competencias a Galicia.
Finalmente, Vázquez ha replicado que la Xunta defiende «una emigración controlada, segura y eficaz, vinculada a la demanda de las empresas y con una integración sociolaboral en befeficio de la comunidad». Por ello, ha pedido «rigor» y ha insistido en que se busca priorizar los permisos de trabajo después de «meses de retraso».
AP-9 y el Ingreso Mínimo Vital
También ha replicado a la oposición que «no se trata de solicitar transferencias sin límite, al kilo, sino de asumir lo que honestamente se puede hacer desde Galicia mejor que el Gobierno central». Como ejemplo, se ha referido al traspaso de la AP-9 y se ha quejado de un peaje que ha comparado con «un impuesto revolucionario» por una vía estratégica para la comunidad. Tanto la representante del PSdeG como el nacionalista Iago Tabarés han sugerido que hay que tener «poca vergüenza» siendo una dirigente popular para aludir a «un impuesto revolucionario» de la AP-9 o lamentar que no se materialice la transferencia --cuando los populares la «vetaron» en el Congreso y la prórroga más amplia de la concesión fue autorizada con José María Aznar de presidente estatal--.
«Se les acabó el comodín de la prórroga de Aznar, estamos con la prórroga de Sánchez», ha replicado Vázquez, quien ha advertido que el proceso abierto por la Comisión Europea, que la ve ilegal, da ahora pie a que el actual Gobierno estatal actúe y rescate la concesión, pero no lo hace. En el campo social, el Gobierno autonómico exige también el traspaso del Ingreso Mínimo Vital con la idea de gestionarlo al mismo tiempo que la Risga, evitando así que las personas afectadas tengan que ir de una administración a otra para complementar las ayudas estatales y autonómicas. El traspaso, solicitado en junio de 2024, sigue todavía «pendiente de respuesta», según ha lamentado la directora xeral.
Ley del deporte
De forma paralela, la Xunta y el Gobierno central tienen abierto un nuevo frente de discrepancia por la reforma de la ley del deporte gallego, que intentarán solucionar a través de un grupo de trabajo designado por la comisión bilateral de cooperación entre ambas administraciones. Es posible acuerdo deberá comunicarse al Tribunal Constitucional, como es preceptivo, ya que se trata de la negociación previa a la posible presentación de un recurso de inconstitucionalidad.
La ley sobre la que el Gobierno discrepa incluye la posibilidad de que la Xunta se persone, de acuerdo con la víctima, en los procesos judiciales que deriven de actos de violencia en el deporte, de modo similar a lo que el Gobierno gallego lleva haciendo desde 2013 en casos de violencia de género. Así lo explicó el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, ya a principios de marzo, cuando consideró «asombroso» que el Gobierno vea una posible invasión de competencias en esta cuestión cuando la Xunta ya lleva haciendo algo similar en otros ámbitos desde hace más de una década y no hubo el mayor problema.
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