El Sindicato de Maquinistas presiona para que Garzón evite la cárcel, con división entre las víctimas del Alvia

El departamento jurídico del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) está trabajando ya para cursar al estamento judicial la solicitud de indulto, total o parcial, para Francisco José Garzón Amo, el maquinista del tren Alvia accidentado en la curva de Angrois en 2013, tal y como avanzó praza.gal. La iniciativa, impulsada por el colectivo profesional, no será refrendada por las víctimas que, ante la disparidad de opiniones al respecto, han optado por pronunciarse de forma individual ante una eventual medida de gracia.

Desde la Plataforma Víctimas Alvia 04155, su portavoz Arturo Domínguez explica que, tras haber recibido la noticia, por parte del SEMAF, de que los maquinistas iban a dar este paso, decidieron reunirse con la intención de alcanzar una postura común. Sin embargo, ese encuentro terminó mostrando que en el colectivo «hay sensibilidades muy distintas». «Hay que tener en cuenta que la visión que tiene una persona que resultó herida y ahora está bien es muy diferente a la de aquellas familias que perdieron a un ser querido», explica Domínguez.

Es por ello que, ante la imposibilidad de conciliar posiciones, la Plataforma tomó la decisión de no fijar una postura conjunta. Así, cada afectado trasladará su criterio de manera individual si el proceso, finalmente, así lo requiere.

En julio de 2024, Garzón Amo y el exjefe de Seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, fueron condenados por el juzgado de lo Penal número 2 de Santiago a dos años y medio de cárcel como responsables por imprudencia profesional grave de 79 homicidios involuntarios. Sin embargo, la Audiencia Provincial de A Coruña corrigió esta sentencia en enero de 2026, absolviendo al exalto cargo del administrador de las infraestructuras ferroviarias.

El tribunal ratificaba así la responsabilidad del maquinista en el siniestro, al no reducir la velocidad antes de la curva. Mientras, en sentido contrario, consideraba que no existía una relación directa entre la decisión de Cortabitarte de no habilitar sistemas de control automático de velocidad en ese tramo que pudiesen evitar un fallo humano y el accidente.

Una interpretación judicial que fue duramente cuestionada tanto por el colectivo de maquinistas como por las asociaciones de víctimas, que esperaban que el proceso sentara un precedente en materia de responsabilidades compartidas. No obstante, la sentencia consolidó una lectura centrada en el error humano, dejando fuera del ámbito penal la posible responsabilidad de los gestores de seguridad.

El propio maquinista aseguró en una entrevista concedida al programa Salvados, en septiembre del pasado año, que él mismo había solicitado a Adif la colocación de unas balizas de seguridad en ese tramo. «Se lo dije de palabra, ese fue mi fallo», lamentaba. En reiteradas ocasiones, Garzón Amo ha pedido «perdón» a las víctimas del siniestro y sus familias, asegurando ser «responsable» de lo acontecido, pero «no el único culpable».

En este contexto, el Sindicato de Maquinistas sostiene que la condena deja una sensación de «frustración» en el sector. Su secretario general, Diego Martín, defiende en conversación con este diario que el accidente responde a un «fallo sistémico» y no únicamente a la actuación del maquinista. «Podría haberle ocurrido a cualquier maquinista que cubriera la ruta», afirma, subrayando que el riesgo en la curva no estaba suficientemente mitigado por los responsables del sistema ferroviario.

El sindicato ya ha iniciado los trámites a través de su gabinete jurídico para solicitar el indulto, una medida que, aún siendo parcial, evitaría la entrada en prisión de Garzón. La organización aspira a recabar el apoyo de otras entidades del sector, apoyándose en medidas de gracia concedidas con anterioridad en accidentes ferroviarios como el de Uharte Arakil, en Navarra, en 1997. En dicho siniestro fallecieron 18 pasajeros y los dos maquinistas que cubrían la ruta fueron condenados a dos años y medio de prisión —al igual que Garzón—. El Gobierno de Rodríguez Zapatero les perdonó medio año de cárcel a cada uno de ellos en 2009, impidiendo su entrada en prisión.

«No queremos que el compañero sufra las consecuencias de un proceso que son demasiado graves para él en comparación con el resto de implicados en todo lo que tuvo que ver con el accidente. No ha habido ningún tipo de responsabilidad para ninguna otra persona, cuando entendemos que en el siniestro ha habido un fallo del sector ferroviario en su conjunto», explica Martín.

Más allá del caso concreto, la iniciativa vuelve a poner el foco en las condiciones de seguridad del sistema ferroviario. Entre los maquinistas, según Martín, predomina un sentimiento de «rabia y resignación» ante un modelo en el que no tienen capacidad para decidir sobre la gestión de riesgos, pero sí asumen las consecuencias: «Pagamos con la cárcel o con la muerte».

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