CSIF advierte que los cambios en la contratación temporal del personal de incendios son un «fraude de ley para evitar crear empleo estable»

El nuevo decreto que regula los nombramientos de personal interino y la contratación de empleados públicos eventuales de la Xunta se ha encontrado con el rechazo frontal de CSIF, que advierte que «dinamita» los derechos de los trabajadores temporales. En esta nueva normativa el Gobierno gallego introduce cambios además para agilizar la contratación de brigadistas para el servicio de extinción de incendios, pero el sindicato advierte que «es un fraude de ley que busca evitar la creación de empleo estable». Por esta razón, piden la retirada de la norma.

Para evitar que, al igual que ocurrió el pasado año en plena ola de incendios, existan vacantes sin cubrir en el dispositivo de lucha contra el fuego, la Xunta incorpora una vía de contratación exprés de brigadistas en 24 horas. CSIF cree que la figura de los nombramientos por acumulación de tareas que recoge el decreto en el servicio de extinción de incendios «vulnera el carácter excepcional» de esta modalidad de contrataciones. Según explican, las necesidades de la campaña de incendios son «estructurales y previsibles». «Recurrir a este figura jurídica, reservada por ley a hechos extraordinarios y ocasionales es un fraude de ley que busca evitar la creación de plazas estables», denuncian.

Este sindicato acusa a la Xunta de ignorar soluciones técnicas que ya propusieron para resolver los problemas de cobertura de plazas como la creación de ámbitos geográficos más reducidos y listas de participación voluntarias para puestos de jornada inferior a la ordinaria o de fin de semana, así como la bonificación del tiempo trabajado como incentivo de méritos para quienes cubran los puestos de más difícil cobertura.

Contra la lista única

Pero no es el único aspecto que critican del llamado decreto de listas que prepara la Xunta. Desde CSIF consideran que se trata de «una propuesta errónea, injusta y supone un retroceso sin precedentes en la gestión del empleo público». En su opinión, lejos de modernizar la administración se opta «por un modelo fraudulento y de recorte de derechos históricos». «Es un atropello legislativo», concluyen.

Así, dicen «no al hachazo legislativo del artículo 15» por el cual se elimina la distinción entre plazas vacantes y no vacantes. A su juicio, esta diferencia garantizaba que las mejores plazas fueran para quienes más méritos tenían.

También consideran «inadmisible» que aceptar un puesto suponga la suspensión automática en todas las listas. «Los aspirantes han pagado sus tasas y tienen derecho legítimo a ser llamados para plazas vacantes de mayor estabilidad».

CSIF cree que la conversión a un sistema de lista única de nombramientos para la cobertura de plazas en la Xunta derivará «en una gestión opaca y poco transparente». «La administración pretende adjudicar puestos de mayor duración a candidatos con menores méritos al controlar discrecionalmente el orden y la fecha de los llamamientos de los puestos a adjudicar», denuncian.

Por todo ello, exigen la retirada del decreto de listas. «No permitiremos que se sacrifique la transparencia y los derechos de los trabajadores por una supuesta planificación eficiente que solo esconde precariedad», señalan.