Las empresas españolas pagan el precio de las diferencias normativas entre comunidades autónomas: 36.000 millones en sobrecostes

En un Estado autonómico como es España, las comunidades tienen amplias competencias, tanto de gestión como de prestación de servicios, de control y, también, regulatorias. Esta última facultad deriva en una intensa producción de normas que no solo no suelen ser coincidentes entre los distintos territorios, sino que acarrean una clara fragmentación del mercado interior, ya que lo que es válido para realizar una actividad económica en una comunidad, puede no ser aceptada en otra.

Esto tiene claras consecuencias, sobre todo, para las empresas —sea cual sea su tamaño—, para las que supone un alto coste el poder intervenir en las distintas autonomías teniendo que ajustarse al marco normativo de cada una de ellas. Un estudio difundido por Fedea pone cifras a este impacto, que cifra en hasta 36.000 millones de euros, entre el 1,5% y el 2,5% del Producto Interior Bruto de España.

«La fragmentación regulatoria constituye uno de los principales lastres estructurales del mercado interior español y tiene un coste económico significativo en términos de productividad, tamaño empresarial, empleo e inversión. En primer lugar, impone costes directos de cumplimiento a las empresas, que deben comprender y ajustarse a normativas diferentes en cada comunidad autónoma donde operan. En segundo lugar, dificulta la expansión territorial de las empresas, desincentivando el crecimiento y contribuyendo al reducido tamaño empresarial que caracteriza al tejido productivo español», sostiene la autora del estudio.

Con sus más de 8.000 ayuntamientos, 17 comunidades autónomas, dos ciudades autónomas y el propio Gobierno central, la diversidad regulatoria resulta «extraordinariamente elevada» y «costosa» para desarrollar una actividad económica, aunque sí es «beneficiosa» para acercar la Administración al ciudadano.

Entre 1979 y 2021, las administraciones españolas aprobaron 411.804 normas y solo en 2022 se adoptaron 11.775 nuevas disposiciones, lo que equivale a 32 normas diarias o una cada 45 minutos.

Pero este fenómeno no es nada homogéneo. Tomando como referencia las 206.777 normas que se implantaron en España entre los años 1995 y 2020, los sectores de servicios y agricultura presentan mayores niveles de regulación que los industriales, y comunidades como Cataluña y Andalucía muestran volúmenes de producción normativa significativamente superiores a la media, mientras que otras como Madrid, Navarra o País Vasco se sitúan en niveles notablemente más bajos.

El Gobierno central intentó unificar criterios y condiciones con la Ley 20/2013 de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM), pero el Tribunal Constitucional la echó abajo en 2017 tras los recursos presentados por Cataluña, Andalucía y Canarias. Con esta ley estatal se pretendía que, por ejemplo, una empresa instaladora, una consultora o un prestador de servicios digitales legalmente establecidos en una comunidad autónoma pudieran operar en el resto del territorio sin repetir procedimientos formales, registros o autorizaciones equivalentes, «lo que reduciría de manera significativa los costes de entrada, los tiempos de tramitación, la incertidumbre regulatoria y una importante fuente de fricción administrativa interterritorial», aunque seguirían aplicándose las normas materiales del territorio donde se ejerce la actividad en materia urbanística, medioambiental o de horarios comerciales.

Pero con la sentencia del Constitucional, la regulación del mercado interior y su «unidad» ha quedado entonces en manos de las comunidades autónomas. La respuesta es muy variada, ya que aunque tratan de explorar fórmulas para promocionar el mercado único y potenciar el «reconocimiento» de normas foráneas basadas en «supuestos equivalentes», el resultado sigue siendo muy heterogéneo.

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