Debate sobre el estado de la autonomía
El PP defiende una Xunta «en perfecto estado de revista» mientras la oposición critica el «deterioro» en sanidad y vivienda
El Parlamento aprueba 51 propuestas de resolución, pero los populares solo aceptan once de la oposición

Rueda y sus conselleiros, tras las votaciones del debate sobre el estado de la autonomía. / Xoán Álvarez

El debate sobre el estado de la autonomía deja sobre la mesa nuevos compromisos de gobierno por parte de la Xunta pero pocos consensos políticos. Del total de 160 propuestas que presentaron los grupos, se aprobaron solo 51 (dos menos que el pasado año) y el 76 por ciento fueron las planteadas por el grupo parlamentario popular que solo aceptó 11 de la oposición, la gran mayoría (9) de Democracia Ourensana. Con BNG y PSdeG los puntos de acuerdo fueron, por lo tanto, mínimos, resultado de dos visiones confrontadas sobre la situación de Galicia. Mientras que para el grupo parlamentario popular el Ejecutivo gallego se encuentra «en perfecto estado de revista», la oposición dibujó un panorama de «deterioro», «demolición deliberada» y «colapso» de los servicios públicos con el foco puesto en las dificultades para acceder a la vivienda y a la sanidad.
Desde el BNG, su viceportavoz Olalla Rodil criticó la «Arcadia feliz» en la que vive la Xunta y recordó que hay 380.000 gallegos en lista de espera de la sanidad, que a los jóvenes les hace falta cobrar el doble para adquirir una casa o que los alquileres «se han disparado».
En su diagnóstico coincide el grupo socialista. Su viceportavoz parlamentaria Lara Méndez denunció que «llevan años escuchando el mismo triunfalismo que no coincide con la vida de la gente». «Desde 2009 han ejecutado una demolición deliberada del Estado del Bienestar», lamentó. «Han cambiado los derechos por caridad y eso genera dependencia y clientelismo», apostilló.
El debate se encendió tras la intervención del portavoz del PPdeG, Alberto Pazos, que, inmune a las críticas de la oposición, defendió que el Gobierno gallego «llega a este debate en perfecto estado de revista». Aunque aclaró que «desde la autocrítica, porque todo es mejorable», defendió al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, porque «cumple». Y, a continuación, arremetió contra la oposición. Así, hizo el cálculo del dinero necesario para poner en marcha las propuestas planteadas por el BNG. «Son 6.350 millones, el 50 por ciento del presupuesto de la Xunta, ¿cómo pagarán el resto de los servicios públicos?».
Narcopisos
Además arremetió contra el modelo turístico del BNG en referencia a la implantación en Santiago de la tasa turística y a su política de poner coto a las viviendas vacacionales. «Su política es cambiar pisos turísticos por narcopisos», le espetó.
Esto le dio pie a la socialista Lara Méndez para traer de nuevo al hemiciclo la polémica foto de Alberto Núñez Feijóo con el narcotraficante Marcial Dorado. «Que vengan aquí a hablar de narcopisos, si ustedes los conocen bien porque hacía gestiones en narcopisos o en narcolanchas hace años», ironizó.
Corrupción
Pero el PPdeG sacó también su cargamento contra el PSdeG al recordarle los «Koldos, Ábalos y Tomés» como arma arrojadiza para rebatir las acusaciones de la oposición por su falta de implicación con las políticas de igualdad. Lara Méndez le recordó entonces que «tienen mucho cuajo» porque estos días también se está celebrando «un juicio contra toda la cúpula del PP», en alusión al caso Kitchen.
Entre las acusaciones cruzadas, Alberto Pazos cuestionó la propuesta del PSdeG de exigir la gratuidad de la AP-9 cuando su secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ya la había prometido en la pasada campaña electoral. Lara Méndez respondió que su jefe ya ha cumplido el «75 por ciento de este compromiso», en referencia a las bonificaciones aprobadas por el Gobierno.
El plan de la Xunta para reducir las bajas laborales también fue motivo de confrontación. El BNG insistió en pedir al PP que se disculpe con los asalariados por tratarlos de «vagos y maleantes» y el portavoz popular aclaró que la intención de la Xunta «no es perseguir» a los trabajadores «sino el fraude».
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