El conselleiro de Sanidade descarta polémica por las unidades de apoyo al control de bajas médicas anunciadas por Rueda: «No son auditoras ni represoras»
Gómez Caamaño defiende que «están para ayudar» entre críticas de la oposición y amenazas del Gobierno central
Gómez Caamaño en una imagen de archivo en el Parlamento de Galicia / Cedida
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El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, defendió este viernes la propuesta hecha por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante el debate sobre el estado de la autonomía (DEA) sobre la implementación de unidades de apoyo especializadas para la atención y control de las bajas. El responsable de la cartera sanitaria niega la posibilidad de que la medida levante ampollas dentro del colectivo médico, ya que «no son unidades para auditar a nadie, ni represoras».
«Son unidades de apoyo, no tienen por qué generar desconfianza. Están para ayudar, no para criticar», alegó durante un acto en la capital gallega. En este sentido, puntualizó que hay unidades que ya han estado funcionando en programas piloto en diferentes áreas sanitarias «para comentar los casos con los médicos de Atención Primaria y ver la forma de abordar ese problema». «Funcionó y se consiguió que personas que estaban de baja volvieran a su puesto», recalcó, sin querer precisar plazos ni otras concreciones sobre la reforma sanitaria de Atención Primaria anunciada por el presidente.
La polémica
El plan para reforzar el control de las bajas ha marcado la agenda política de los últimos días, después el mandatario anunciase en el marco del DEA que prevé presentar «en las próximas semanas» un programa integral al respecto. Lo hizo tras recordar que la Xunta ya impulsó un programa de revisión que permitió «controlar casi 130.000 bajas», lo que resultó «en el alta de 30.200 personas que no debían estar en esta situación», al tiempo que avanzó la creación de unidades especializadas para la atención y control de las bajas por enfermedades musculoesqueléticas o de «psiquiatría menor», que «son las más frecuentes».
Argumentó que estas unidades servirán de apoyo a los médicos del primer nivel asistencial que gestionan las bajas y anticipó que también se «reforzará el papel de las mutuas» en la revisión de las incapacidades temporales. Así, cada vez que una mutua realice una propuesta de alta «lo suficientemente justificada», la inspección sanitaria «la va a ratificar y acordar el alta».
El revuelo ante este anuncio no se hizo esperar y es que la vicepresidenta del Gobierno de España, Yolanda Díaz, lanzó una advertencia al Ejecutivo gallego en un acto en A Coruña: «Si la Xunta sigue adelante con este proyecto, el Gobierno acudirá al Tribunal Constitucional por considerar que se trata de una invasión de competencias estatales».
Las críticas tampoco se hicieron esperar entre los partidos con representación en la Cámara autonómica, donde el BNG acusó a Rueda de «criminalizar» a los trabajadores «tratándolos de vagos y defraudadores con las bajas». Los socialistas, por su parte, pidieron «poner fin a la política de culpabilizar a los profesionales».
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