El PPdeG lleva al Parlamento una reclamación al Gobierno para que suprima el IVA a las viviendas protegidas

La crisis de la vivienda acapara las principales propuestas presentadas por los grupos parlamentarios que se votarán mañana en la sesión de cierre del Debate del estado de la autonomía. En el caso de las iniciativas del PPdeG, que tienen asegurada su aprobación por ser el grupo mayoritario de la Cámara, la mayoría no son para poner deberes a la Xunta sino al Gobierno, al que dirigen hasta 26 demandas. Entre ellas, plantean un posicionamiento del Parlamento para reclamar al Ejecutivo central la exención del IVA a los pisos protegidos y la aplicación de un IVA superreducido a la vivienda libre y a la construcción de viviendas destinadas al alquiler accesible, siempre y cuando tengan un precio equiparable a los límites marcados para los inmuebles de protección.

Los populares incluyen también entre sus propuestas las medidas avanzadas el miércoles por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en su comparecencia durante el Debate del estado de la autonomía desde el plan para evitar el fraude en las bajas laborales hasta las novedades para facilitar el acceso a una vivienda protegida. Pero en las iniciativas presentadas por los grupos también se busca la refriega política para hacer daño al adversario. Así, el PPdeG cuela de nuevo a ETA en el debate parlamentario e insta a «un reconocimiento a las víctimas», entre las que hay 68 gallegos, y rechaza «cualquier acuerdo político o pacto institucional con formaciones que no condenen de forma expresa e inequívoca el terrorismo», un dardo que va claramente dirigido al BNG que tiene a Bildu entre sus aliados.

Por su parte, los grupos de la oposición buscan también retratar a los populares en su posición menos contundente contra la guerra de Irán y sobre todo ante el genocidio de Gaza. El BNG lleva al Parlamento una «condena firme a las agresiones imperialistas desarrolladas por EEUU e Israel» mientras que el PSdeG enarbola el «no a la guerra». Los populares se anticipan con una propuesta menos rotunda y que no menciona expresamente el genocidio en Gaza en la que rechazan «los conflictos armados que en este momento se registran en Oriente Medio y en Ucrania», al tiempo que abogan por «la democratización de los países sometidos a regímenes dictatoriales». A su vez el grupo socialista reclama un posicionamiento a favor de la reforma constitucional para blindar el derecho al aborto.

AP-9

En las propuestas de los grupos hay algunos denominadores comunes pero con matices importantes. Los populares reclaman, por ejemplo, la rescisión de la concesión de la AP-9 y su traspaso a Galicia. También el BNG reclama la transferencia, pero el PSdeG no menciona ni el rescate ni su cesión a Galicia: «se insta a la Xunta a apoyar el camino iniciado por el Gobierno de España para conseguir la gratuidad total de las autopistas estatales AP-9 y AP-53, mediante las bonificaciones actuales».

Son también casi coincidentes las iniciativas relativas al Pazo de Meirás. BNG y PP coinciden en pedir al Gobierno la gestión de ese bien y coinciden con el PSdeG en su interés por convertirlo en un centro de memoria, aunque los nacionalistas concretan que deberá honrar a las víctimas del franquismo.

La secretaria xeral del PPdeG y viceportavoz del grupo parlamentario, Paula Prado, defendió que proponen «cuarenta medidas por y para las familias gallegas» que evidencian que «la clase media es el motor del país y, por lo tanto, es la protagonista de nuestras soluciones».

El objetivo del Bloque es visualizar una alternativa de gobierno que quite a Galicia el «freno de mano» que le puso el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y así situarla en la vanguardia, tal y como explicó la viceportavoz del BNG, Olalla Rodil. Mientras el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, situó como prioridades que Galicia «tenga voz en las decisiones estratégicas, como la gestión aeroportuaria, y que la Xunta intervenga ante un problema urgente como el de la vivienda».

Vivienda

Así, el grupo socialista reclama a la Xunta que desarrolle «una política aeroportuaria con sentido de país y con rigor» y le pide que solicite una comisión bilateral con el Estado para acordar un nuevo formato de coparticipación en los procesos de decisión. Y, en materia de vivienda, proponen la creación de un banco público de alquiler que permita movilizar viviendas vacías con el objetivo de sacar al mercado al menos 10.000 pisos.

Mientras, el BNG plantea un plan de compra pública de vivienda para alcanzar, junto con la nueva construcción, 16.000 nuevos inmuebles públicos en dos legislaturas. Los nacionalistas insisten en reclamar un estatus de nación para Galicia, pero además llevan al debate en la Cámara dos asuntos que consideran ejemplos de «retroceso democrático». Así, instan al PP a que deje de vetar la propuesta del Bloque para el cargo de vicevaledor do Pobo y en otra resolución piden al Parlamento un posicionamiento a favor de la independencia judicial en referencia a las «presiones externas» que apartaron al magistrado Luís Villares de la sección tercera del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

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