Galicia bonificará el 100% del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados para impulsar la vivienda protegida: de pagar 15.000 euros se pasará a «cero»

La vivienda se situó al inicio de esta legislatura como la prioridad de la actual Xunta y este miércoles, su presidente incidió en que a medio mandato sigue siendo un objetivo esencial. Por ello, avanzó nuevas medidas para impulsar su construcción y el acceso a un mayor abanico de la sociedad. Así, la Administración autonómica introducirá una bonificación fiscal para animar a los constructores a edificar más vivienda protegida y se elevará el techo de renta para que más ciudadanos puedan aspirar a esta modalidad residencial.

Alfonso Rueda anunció que a partir de 2027 Galicia bonificará el 100% del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, que es un tributo que paga el comprador en el momento de la adquisición, pero también el constructor en distintas fases de la obra.

Hasta ahora, tal como puso de ejemplo, por un piso de protección de 100 metros cuadrados se pagaba hasta 15.000 euros, que pasará a ser «cero» el próximo año para «favorecer la colaboración público-privada» en su construcción.

Aprovechó este anuncio para poner en valor que desde 2009 se bajaron los impuestos 138 veces y que solo en lo que va de esta legislatura, «las rebajas fiscales permitieron que los gallegos ahorrasen 1.100 millones de euros».

La otra línea de actuación, según adelantó el presidente de la Xunta en su intervención, tiene por objeto la aspiración de que todas las viviendas que se están construyendo «sean más accesibles para las personas trabajadoras».

Si en 2025 la Xunta incrementó el techo máximo de renta para acceder a una vivienda pública y reservó para menores de 36 años el 25% de estos pisos en venta y el 40% de los que se ofrecen en alquiler, ahora se volverá a subir este límite hasta cuatro veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM).

A modo de ejemplo, si una pareja con un hijo, que hasta ahora tenía un techo de ingresos de 2.250 euros brutos mensuales, pasará en adelante a más de 3.500 euros.

Además, en el caso de las familias numerosas, el techo se elevará a 4,5 veces el IPREM, de forma que un hogar con dos progenitores y tres hijos podrá acceder a una vivienda protegida siempre que no supere los 4.150 euros brutos mensuales de ingresos. «La vivienda pública y protegida debe estar al alcance de capas de población cuanto más amplias, mejor, y también de la clase media, que en muchos casos se ve excluida de otras ayudas», precisó.

Además, se reservará el 30% de los inmuebles en venta para personas de entre 36 y 45 años, especialmente cuando son madres o padres de niños pequeños y que, por tanto, tienen menor movilidad geográfica que otras personas más jóvenes.

Aseguró también que todas las nuevas viviendas comprometidas para hacer en esta legislatura, 4.000, ya están en marcha y que en pocos meses, tal y como ha apuntado, el Gobierno gallego entregará las primeras llaves en Santiago y en Pontevedra.

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