La Xunta lanza un plan para atajar el fraude en las bajas laborales en Galicia, que en total son 70.000 al día y suponen unas pérdidas de 2.200 millones de euros

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha afrontado este miércoles el segundo debate sobre el estado de la autonomía de esta legislatura, que coincide con el ecuador del mandato. Ha estado una hora y media justa en la tribuna de oradores para hacer balance y presentar las acciones más inmediatas de su Gobierno. Fiel a su estilo, ha huido de los discursos retóricos y conceptuales. Es más bien de ir al grano, de ser directo, sin adornos. Como grandes anuncios, Rueda ha avanzado nuevas medidas para fomentar el acceso —a las clases medias— y la construcción de vivienda protegida y un «programa integral» para atajar el elevado número y el impacto económico de las bajas laborales que se producen en Galicia.

Las cifras son elocuentes. Él mismo las expuso en el Parlamento en la primera sesión del debate. La gallega es la segunda comunidad con más jornadas laborales perdidas por bajas y la segunda con las de mayor duración media (60 días); cada día hay 70.000 personas que no acuden a trabajar por estar en situación de baja y en su conjunto suponen al año pérdidas de 2.200 millones de euros, lo que representa el 3% del PIB.

«Se trata de un problema muy serio que lastra la productividad en toda España y que afecta especialmente a Galicia. Hay cifras que invitan a la reflexión», ha soltado ante el pleno en una primera sesión, de mañana, en la que solo interviene el presidente de la Xunta. Hasta la tarde no hay interacción con los partidos de la oposición.

Ha argumentado que no se puede pasar por alto «un problema estructural de primera magnitud» y que si bien el deber de la Administración es cuidar a las personas que están de baja, también lo es velar para que quien esté en condiciones, vuelva al trabajo. De hecho, recordó que las inspecciones que ya se hacen de forma ordinaria permitieron revisar 130.000 casos y comprobar que 30.200 personas no tenían motivos para acogerse a la incapacidad temporal.

Por ello, en las próximas semanas la Xunta presentará un «programa integral» para abordar las elevadas bajas laborales. El «núcleo» será la creación de unidades especializadas para la atención y control de las incapacidades por dolencias musculoesqueléticas o de psiquiatría menor, por ser las más frecuentes, para apoyar a los médicos de Atención Primaria que las gestionan.

El plan incluye también un refuerzo del papel de las mutuas para revisar las bajas, de forma que el Sergas ratificará automáticamente su alta médica si está debidamente justificada. En caso contrario, se llamará al trabajador para que lo valore un facultativo de Atención Primaria.

Además, en vez de que las mutuas tengan que solicitar una por una cada prueba o tratamiento al paciente, se tramitará una autorización «global» para hacer su labor «más ágil y eficaz».

Este programa, añadió, se dialogará con los sindicatos y la patronal con el objetivo de que se pueda aplicar «a la mayor brevedad posible».

La portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, fue la única que atacó el plan de Rueda. Sostuvo que hay más bajas porque la sanidad está colapsada, que el presidente «retuerce» la realidad y que es un «impresentable» por «criminalizar» a los trabajadores.

En el ámbito sanitario, el titular de la Xunta también anunció que este semestre iniciará una «reforma integral» de la Atención Primaria que tendrá como «objetivos claros» liberar a los médicos de las tareas burocráticas y alcanzar agendas que no superen los 30 pacientes por jornada ordinaria.

Como pasos concretos, se creará una unidad especial que centralizará el papeleo burocrático sin valor clínico para quitar «sobrecarga» a los profesionales y «aprovechando» esta «descarga», se implantará un nuevo modelo de gestión de las agendas «dinámico, flexible y adaptado a las circunstancias de cada centro de salud» para que el médico le pueda dedicar más tiempo a cada paciente.

«Para coordinar todo esto y para que sea efectivo», dijo Rueda, se abrirá una Dirección Xeral de Atención Primaria que, a día de hoy, aún no existe en el Sergas.

Promoción de la vivienda pública

En cuanto a la vivienda, Alfonso Rueda ha avanzado que la Xunta reservará el 30% de las viviendas públicas en venta a personas de entre 36 y 45 años y elevará el límite máximo de renta para acceder a una vivienda pública hasta cuatro veces el IPREM, lo que significa que una pareja con un hijo que hasta el momento tenía un techo de ingresos de 2.250 euros brutos mensuales, ahora pasa a más de 3.500 euros.

«La vivienda pública y protegida debe estar al alcance de capas de población cuanto más amplias, mejor, y también de la clase media, que en muchos casos se ve excluida de otras ayudas», ha indicado.

Sobre vivienda, el presidente realizó otro anuncio, pero dedicado a impulsar su construcción por parte de la iniciativa privada. A partir de 2027, Galicia bonificará el 100% del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados para este tipo de edificación. Se trata de un tributo que paga el comprador en el momento de la adquisición, pero también el constructor en distintas fases de la obra.

Hasta ahora, puso como ejemplo Rueda, por una vivienda protegida de 100 metros cuadrados se pagaba hasta 15.000 euros, «pero pasarán a ser cero para favorecer la colaboración público-privada».

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