Galicia planta la Conferencia Sectorial de Infancia que aborda este miércoles el reparto de menores migrantes por considerarla «ilegal»

La Xunta de Galicia no ha acudido este miércoles a la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud convocada por el Ministerio del ramo, dirigido por Sira Rego, y en la que se iba a abordar el nuevo real decreto para el reparto de menores migrantes por comunidades, por entender que la convocatoria del encuentro es «ilegal». Al respecto, explican desde la Consellería de Política Social, se ha enviado al Gobierno central un requerimiento «que en ningún momento fue contestado».

Galicia no es la única en dar plantón al Ejecutivo central en la cita, que estaba prevista para las diez y media de la mañana. Estaba prevista, pero no se celebrará por falta de quórum, señalan fuentes del Gobierno, ya que todas las comunidades con gobiernos del PP, con la excepción de la ciudad autónoma de Ceuta, han coincidido en no participar.

Desde la Consellería de Política Social sostienen que no es la primera vez que optan por plantar la convocatoria. Al respecto, recuerdan que la situación planteada ahora «es igual» que la acontecida en la Conferencia Sectorial del 17 de julio de 2025, «que contaba con una orden del día que no cumple con la normativa». Es por ello, inciden desde la Xunta, que, aunque el Gobierno gallego «siempre asiste a todas las convocatorias de este Ministerio, lo cierto es que Galicia no puede estar presente en una Conferencia que es ilegal».

La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, aseguró al respecto que «el Partido Popular ha abrazado las tesis racistas de Vox». «Este es el verdadero motivo», según Rego, «por el cual las comunidades autónomas gobernadas por el PP se han ausentado en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, impidiendo su celebración», indican en un comunicado del Ministerio. Rego manifestó su «profunda indignación» porque los gobiernos ausentes reincidan en el «bloqueo procedimental». A su juicio, lo que «realmente está ocurriendo» es que «el PP se ha abrazado a Vox para boicotear las políticas de infancia» del país «y desplegar su agenda racista».

Con todo, les ha advertido que ese «bloqueo» no tendrá «consecuencias» y que el Real Decreto de capacidad ordinaria de los sistemas de acogida, que establece las plazas que deben tener las distintas comunidades a disposición de la acogida de infancia migrante no acompañada, irá «de manera inminente al Consejo de Ministros».

Discrepancias con el orden del día y con el modelo que propone el Gobierno

La misma razón alegan desde la Junta de Castilla y León o la consejera madrileña de Asuntos Sociales, Ana Dávila, quien argumentó que no acudirá a esta reunión prevista para tratar la reubicación de menores migrantes porque entiende que su convocatoria es «ilegal» y además añadió que la Comunidad de Madrid no participará en la política migratoria «temeraria» de Pedro Sánchez. La consejera cargó contra La Moncloa por querer continuar con lo que considera un «reparto forzoso de menores como si fueran paquetes y en contra de su voluntad»: «No se me ocurre nada más inhumano», enfatizó.

Con el mismo argumento faltaron las comunidades populares a la cita del año pasado que también mencionan desde la Xunta, coincidiendo asimismo en el rechazo al modelo de acogida que propone el Gobierno central.

En cambio, sí acudieron al encuentro presencialmente representantes de Canarias y Castilla-La Mancha, mientras que Ceuta, el País Vasco, Asturias, Navarra y Cataluña se han sumado por videoconferencia.

El real decreto ley que reformó la ley de extranjería para articular un mecanismo de acogida corresponsable entre todas las comunidades fue aprobado hace un año y convalidado después por el Congreso de los Diputados. No obstante, el Ejecutivo ya ha aclarado que este seguirá en vigor y que los traslados tienen plena cobertura legal y están avalados por la Fiscalía.

El pasado noviembre la Xunta anunciaba un recurso en el Tribunal Supremo contra los decretos del Gobierno central que regulan el traslado obligatorio de los menores migrantes no acompañados y el que aborda la capacidad común de acogida de las comunidades.

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