Galicia activa este miércoles la ley contra las agresiones a sanitarios, con la sanidad privada y el 061 por primera vez dentro del escudo

A partir de este miércoles 8 de abril, Galicia estrenará una de las reformas sanitarias con mayor carga simbólica: la modificación de la Lei de Saúde que refuerza la protección frente a las agresiones y extiende ese paraguas no solo a médicos y enfermeras, sino también a personal no asistencial, a la sanidad privada (hay más de 5.000 trabajadores que ejercen en el sector privado en Galicia) y, por primera vez, a los técnicos de emergencias y del 061.

La norma entra en vigor con una promesa ambiciosa: que un insulto, una amenaza, una grabación no consentida o una agresión en una ambulancia dejen de verse como gajes del oficio. La norma había sido aprobada en el Parlamento el pasado 24 de marzo con los votos a favor de PP y PSdeG y la abstención de BNG y Democracia Ourensana.

La entrada en vigor llega en un momento de creciente sensibilidad en el sistema sanitario. Las agresiones ya no se identifican solo con una pelea en urgencias o un empujón en consulta: la nueva ley incorpora también la violencia digital, el acoso o el ciberacoso, y contempla como sancionables conductas producidas incluso fuera del centro sanitario cuando estén vinculadas al ejercicio profesional. Además, la reforma permite cambiar al agresor de profesional o de centro y garantiza, si la víctima lo solicita, medidas de movilidad laboral.

El mensaje político y sanitario de la Xunta es claro: convertir en ley lo que hasta ahora era, en buena medida, un conjunto de protocolos y respuestas dispersas. Sanidade sostiene que Galicia será la primera comunidad en incluir de forma expresa sanciones por agresiones a los técnicos de emergencias sanitarias y del 061, uno de los colectivos más expuestos por trabajar en la calle, en domicilios y en escenarios de máxima tensión clínica y emocional.

Las infracciones leves, como la falta de respeto o el insulto, podrán ser sancionadas con multas que pueden ir de los 300 a los 1.500 euros. En el siguiente escalón, las faltas graves, como amenazas, coacciones o acoso digital, conllevará sanciones que oscilarán entre 1.500 y 3.000 euros. Asimismo, las muy graves, agresiones físicas, por ejemplo, o reincidencia en la comisión de infracciones graves en los últimos cinco años, estará penalizado con multas que van de los 3.000 a los 15.000 euros.

Registro gallego de actos de violencia extrema

La reforma también prevé desarrollar un Plan de prevención contra la violencia en el ámbito sanitario y crear un registro gallego de actos de violencia externa, dos herramientas con las que la Administración quiere medir mejor un fenómeno que durante años ha estado infradeclarado.

La dimensión del problema ayuda a explicar la urgencia política. En Galicia se registraron 22 agresiones a médicos en 2025, según los datos de los colegios profesionales integrados en el Observatorio de Agresiones de la OMC, mientras que la Policía Nacional recibió 46 denuncias por agresiones a sanitarios en la comunidad ese mismo año. Son cifras distintas, pero dibujan la misma tendencia: la violencia contra quienes sostienen la atención sanitaria ya no se percibe como un episodio aislado, sino como un problema estructural.

Hoy, en Pontevedra, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, quiso vincular esa entrada en vigor con una idea de «protección integral» del personal sanitario. Lo hizo durante una visita a la base medicalizada del 061, donde defendió la reforma como una ley «pionera» y «totalmente integral», capaz de amparar a profesionales de la sanidad pública y privada frente a la violencia física, verbal, psíquica y digital. No fue casual el escenario: la nueva norma incluye de forma expresa a los técnicos de emergencias, un colectivo al que el propio conselleiro describió como especialmente vulnerable.

Caamaño aprovechó además la visita para poner en valor la reforma de la base del 061 de Pontevedra, financiada con 100.000 euros, con más espacio para descanso, nuevo vestuario, mejoras eléctricas, iluminación LED y una reorganización pensada para ganar confort y funcionalidad. El mensaje de fondo fue doble: proteger mejor a los profesionales y dignificar también sus condiciones de trabajo.

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