Las diferencias fiscales entre autonomías generan desigualdad, según el Consejo de Economistas

El Consejo General de Economistas alerta de que las diferencias fiscales entre territorios generan desigualdades entre los ciudadanos según su lugar de residencia y urge a reformar el sistema de financiación autonómico en su estudio «Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2026», presentado este martes. «Es imprescindible acometer ya mismo una reforma del sistema de financiación de las comunidades autonómicas e impulsar medidas para homogeneizar la tributación en los territorios con independencia de cual sea la residencia de las personas físicas», señala el informe en sus conclusiones.

«La vorágine normativa de las Comunidades Autónomas sobre los tributos cedidos genera desigualdades entre los ciudadanos según sea el lugar de su residencia», ha explicado en la presentación del estudio el presidente del Consejo General de Economistas (CGE), Miguel Ángel Vázquez Taín. Los expertos del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), del CGE, han contabilizado, este año, más de 1.100 impactos normativos que constatan el uso intensivo de la actividad legislativa en materia fiscal de las comunidades, «lo que dificulta enormemente el conocimiento de las normas fiscales por parte de los ciudadanos que tienen derecho a aplicarlas», ha añadido Taín.

Otro de los aspectos analizados por los expertos es el efecto de la no deflactación de la tarifa del IRPF (a nivel estatal) y de la falta de actualización de los mínimos personales y familiares, junto a otros parámetros en un entorno inflacionista. Así, por ejemplo, un contribuyente con una renta de 30.000 euros puede llegar a pagar unos 350 euros más y otro con una renta de 70.000 euros, en torno a 760 euros más, como consecuencia de no ajustar el impuesto a la inflación acumulada entre 2022 y 2026, explica el estudio.

El informe subraya, además, que la diversidad normativa en el IRPF es cada vez mayor. La tarifa estatal va del 9,5% al 24,5%, pero ninguna comunidad autónoma reproduce exactamente esa escala. De este modo, ya hay territorios con tipos marginales agregados del 50% o superiores, como la Comunitat Valenciana, con un 54%; Navarra, con un 52%; o La Rioja, con un 51,5%.

En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, las desigualdades en la tributación son aún más evidentes. Así, un residente en el Principado de Asturias puede llegar a pagar, por una herencia de 800.000 euros, hasta 100.000 euros más que en Illes Balears, Galicia, Cantabria o Andalucía. En el caso de donaciones por el mismo importe, en Extremadura los donatarios pueden abonar hasta 200.000 euros más que en Cantabria o Illes Balears.

El informe señala que la recaudación total de las comunidades autónomas en 2023, último ejercicio disponible, aumentó un 16,5% respecto al ejercicio anterior; y dentro de los impuestos directos, el IRPF, tramo autonómico, creció un 21,13%, convirtiéndose en el principal motor del incremento. En paralelo, los ingresos tributarios del Estado aumentaron un 10,4% en 2025 respecto a 2024 y la recaudación del IRPF alcanzó los 142.466 millones de euros.

Finalmente, el presidente del REAF-CGE, Agustín Fernández, ha expresado su malestar por la utilización recurrente de los reales decretos-ley en materia tributaria. «Esta práctica genera incertidumbre e inseguridad jurídica y dificulta la planificación a corto y medio plazo tanto para las empresas como para los ciudadanos en general», ha advertido.

Asimismo, ha considerado inaceptable que normas no convalidadas por las Cortes acaben aplicándose mediante interpretaciones de la Administración Tributaria. «Es decir, lo que no recibe respaldo parlamentario termina introduciéndose en el sistema a través de notas publicadas en la página web de la Agencia Tributaria», ha denunciado.

Como ejemplo de este malestar, el REAF ha señalado la prórroga de los límites del régimen de módulos que, por segundo año consecutivo, se aplicarán por una interpretación de la Administración Tributaria «en el último momento, con el plazo de presentación del primer pago fraccionado ya iniciado.

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