Judicial
La corrupción dejó 25 causas cerradas en 2025 en España, pero ninguna en Galicia
El CGPJ contabiliza 71 sentencias por delitos vinculados a corrupción pública, con un 73% de fallos total o parcialmente condenatorios y 127 personas acusadas en toda España
Entrada del edificio del Consejo General del Poder Judicial, en Madrid / Matias Chiofalo - Europa Press
Los juzgados y tribunales españoles concluyeron durante 2025 un total de 25 procedimientos por corrupción, sin que ninguno de ellos se registrase en Galicia, según los datos difundidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esas causas derivaron en autos de apertura de juicio oral contra 127 personas, de las que 114 eran personas físicas y 13, personas jurídicas.
El balance anual del órgano de gobierno de los jueces recoge además 71 sentencias dictadas en procedimientos por corrupción a lo largo del pasado ejercicio. De ellas, 52, el 73% del total, fueron total o parcialmente condenatorias, mientras que las 19 restantes terminaron en absolución.
El CGPJ, que incorporará estos datos a su repositorio estadístico sobre corrupción iniciado en 2017, enmarca esta información en el seguimiento de «los principales indicadores» de la lucha contra estas prácticas. En el desglose por tipo de resolución, precisa que 27 sentencias se dictaron por conformidad, 18 fueron condenatorias sin conformidad y otras siete resultaron parcialmente condenatorias.
En cuanto al número de acusados, el Consejo subraya que 127 personas fueron llevadas ante los tribunales por delitos de corrupción en 2025, con una fuerte concentración en el arranque del año: 52 de ellas se contabilizaron en el primer trimestre. En el segundo y tercero fueron 27, respectivamente, y en el cuarto trimestre, 21.
La institución aclara que los datos se refieren a la denominada «corrupción pública», por ser la que mayor preocupación social genera. Bajo esa categoría agrupa delitos como la prevaricación urbanística y contra el patrimonio histórico, la prevaricación de funcionarios, el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación, los fraudes, las negociaciones prohibidas a funcionarios y otros abusos en el ejercicio de la función pública.
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