El plan de la Xunta para mitigar los efectos de la guerra de Irán incluye 6 millones de euros para apoyar a familias vulnerables
Incluye medidas como el aplazamiento de alquileres de vivienda pública cuando esté justificado

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y su conselleiro de Facendo, Miguel Corgos, este lunes tras la reunión del Consello de Goberno. / Xoan Álvarez / FDV
La Xunta ha aprobado este lunes, en la reunión semanal del Consello de Goberno, un plan de medidas para mitigar los efectos de la guerra en Irán por un valor de 157 millones de euros. Se trata de una estrategia amplia, con 20 líneas de actuación, que abarca desde el sector energético a los sectores productivos, pasando por las familias más vulnerables. A estas últimas precisamente, se destinan seis millones de euros con los que se hará frente a aplazamientos en los alquileres de vivienda pública cuando estén justificado, a ajustar la tarifa del transporte público regular o a adelantar pagos de ayudas como la RISGA o el bono social térmico.
Concretamente, en lo que a las familias con menos recursos se refiere, se ha aprobado una moratoria, aplazamiento o condonación parcial de los alquileres de vivienda pública en casos justificados de vulnerabilidad económica agravada por la crisis, y se revisará el equilibrio de los contratos públicos de transporte regular escolar para compensar parcialmente el incremento del coste del combustible y que este no repercuta en el precio del servicio. Además, de forma paralela, se agilizará el pago de líneas como el bono social térmico, el programa de ayudas dedicado a compensar el incremento del coste de la calefacción, la renta de inserción social de Galicia (RISGA) y las ayudas de emergencia social.
En cuanto al resto de la dotación económica, en su mayoría se destinará a asegurar que las empresas gallegas sigan teniendo liquidez y a apoyar a los sectores productivos más importantes de la comunidad. De este modo, se destinarán 62 millones de euros de préstamos del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) para financiar empresas y pymes afectadas por el encarecimiento y las disrupciones en las cadenas de abastecimiento, y se habilitará un procedimiento extraordinario para que las solicitudes de financiación se puedan resolver en un plazo máximo de 10 días.
A los sectores productivos, por su parte, se destinarán casi 45 millones de euros en una serie de ayudas que, según explican desde la Xunta, han sido dialogadas y pactadas con los afectados. 25,5 de ellos estarán orientados al sector pesquero, para mejorar la eficiencia energética de los puertos, su logística y mejorar la competitividad del sector. Otros 19,4 se destinarán a la modernización de las instalaciones agroganaderas, con el objetivo de mejorar su eficiencia y limitar su dependencia del exterior, y a aumentar el valor del producto local fortalecieno las cadenas cortas de comercialización.
En lo que a la eficiencia energética se refiere, se invertirán casi 40 millones de euros para, entre otras cuestiones, aumentar acometer actuaciones en los edificios públicos. Se mejorará así el consumo de 19 estaciones de autobuses y se fomentará la eficiencia energética en los entornos turísticos con acciones de climatización, por ejemplo. Asimismo, se promoverá el autoconsumo colectivo en polígonos empresariales y las comunidades energéticas, por las que un grupo de vecinos, pymes o entidades locales pueden asociarse para generar y consumir su propia energía. Finalmente, otros 5 millones de euros se destinarán al turismo, para aprovechar la oportunidad de mercado que supone el conflicto en Oriente Medio y Asia.
De este modo, según explicaron el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y su conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, Galicia suma estos 157 millones a los más de 120 millones que calculan que costará a la comunidad financiar las medidas con impacto fiscal anunciadas por el Gobierno central, como las rebajas en el IVA de la gasolina. Medidas que, en todo caso, el titular de Facenda considera «insuficientes», lamentando que no hayan sido «consensuadas con las comunidades autonómas».
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