Reajuste laboral
El nuevo empleo público en la Xunta: puestos con funciones más flexibles para adaptarse a las necesidades reales y movilidad interna entre departamentos
Aprovechando la renovación por jubilación de un 25% de la plantilla de la administración general hasta 2030, se definirán nuevos perfiles de las plazas para superar el actual modelo organizativo estanco y excesivamente departamental

Empleados públicos en la sede central de la Xunta en Santiago. / Xoán Álvarez

La Xunta tendrá que afrontar en los próximos años un desafío de gran envergadura, el de sacar adelante el relevo generacional de sus funcionarios. Uno de cada cuatro empleados públicos de la administración general de la Xunta —no se incluyen las áreas de sanidad, educación y justicia— se jubilará durante los próximos cinco años. En cifras absolutas, esto significa que el Ejecutivo gallego deberá encontrar sustituto para unos 5.000 trabajadores que se van a jubilar. Y aprovechando este reto, le dará una vuelta al perfil que se espera de los nuevos empleados públicos: ocuparán puestos de trabajo con funciones más flexibles para adaptarse a las necesidades cambiantes y tendrán que moverse internamente entre departamentos.
«En su estrategia de avance del servicio público y en la búsqueda de una atención a la ciudadanía acorde con los nuevos tiempos y con las demandas presentes y futuras de la población, se busca el diseño de una administración ágil, eficaz y proactiva que responda a las nuevas demandas de la ciudadanía», aclara la Consellería de Facenda.
Este nuevo perfil del funcionario se recoge en el 'Plan general de mejora de los servicios públicos', que este año prevé definir las condiciones concretas de esas plazas que se renovarán por jubilación para que en 2027 se pueda iniciar la implantación de las «soluciones organizativas más flexibles para la gestión del personal».
El actual modelo, precisa Facenda, es excesivamente estanco, con los trabajadores adscritos a un departamento y con unas tareas específicas muy acotadas, con trabas a la movilidad funcional interna, incluso dentro de las mismas dependencias.
La idea es «evolucionar» hacia estructuras «más transversales» que «faciliten la movilidad temporal» para aprovechar mejor los medios humanos disponibles «para la resolución de problemas complejos que afectan al conjunto de la organización».
En definitiva, sería algo así como compartir empleados públicos entre distintas áreas, departamentos o consellerías, a los que se les asignarían objetivos comunes, aunque, como indica Facenda, «sin perjuicio de la estructura departamental como base de la especialización funcional».
Pero aparte de esta mayor interacción interna, el nuevo modelo al que aspira la Xunta y que se detallará en la 'Estrategia de Recursos Humanos', también se definirán unos puestos de trabajo «más flexibles», es decir, que sus ocupantes puedan desempeñar una serie de actividades mucho más extensa que las asignadas actualmente, que son bastante limitadas.
«Se analizará el diseño de relaciones de puestos de trabajo más flexibles y versátiles, que permitan una mejor adaptación funcional a las necesidades cambiantes del servicio público, favoreciendo la polivalencia, la movilidad interna y la creación de dinámicas de trabajo más ágiles, especialmente en contextos que requieran respuestas rápidas o actuaciones de carácter temporal», concluye la Consellería de Facenda.
En una comparecencia a finales de octubre del pasado año, el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, explicaba que ya había finalizado la estabilización de 5.500 empleados públicos que tenían una vinculación temporal con la Xunta, una acción obligada por la Ley de Medidas para Reducir la Temporalidad en el Empleo Público de 2021, que llevó a convertir en fijos a miles de trabajadores públicos de todas las administraciones en España, desde la estatal a la municipal.
El caso es que una vez concluida esa estabilización en la estructura autonómica de Galicia, el desafío que tenía por delante la Xunta era, precisamente, el recambio generacional del 25% de su plantilla, al preverse que hasta 2030 se iban a jubilar unos 5.000 de los 19.600 empleados con que cuenta la administración general, en la que no figuran los trabajadores de los ámbitos sanitario, educativo y judicial.
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