La Xunta usará la inteligencia artificial para detectar pactos ilegales entre empresas en las licitaciones y abrirá más concursos a las pymes

Al igual que en otros ámbitos de la actividad institucional de la Xunta se elaboran planes de desarrollo para mejorar la eficacia, aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado, mejorar la prestación de los servicios públicos o impulsar un determinado sector productivo, también hay una estrategia gallega enfocada a la contratación pública. La última tiene un horizonte temporal hasta el año 2030 y entre sus objetivos y prioridades establece el uso de herramientas de inteligencia artificial para detectar posibles fraudes y pactos ilegales por parte de las empresas que acuden a los concursos o promover una mayor participación de las pymes en las licitaciones.

La estrategia concede a la tecnología un papel clave en la evolución del ecosistema de la contratación pública. «En este momento tenemos la oportunidad de apostar por la implantación de herramientas de inteligencia artificial, teniendo en cuenta las demandas de la sociedad, para facilitarle a las empresas la participación en los procedimientos y agilizarlos. Y, por otra parte, la creciente importancia de las políticas de prevención y de lucha contra la corrupción, en particular también en el campo de la contratación pública, hace precisa una reflexión en este campo», se recoge en el documento.

Defiende la Xunta que su sistema de integridad está ya afianzado, pero que conviene «consolidar» los mecanismos de gestión de riesgos con planes antifraude para prevenir la corrupción.

Y aquí es donde entra la inteligencia artificial. La Estratexia Galega de Contratación Pública prevé la aplicación de la IA como una de las palancas para potenciar los mecanismos de detección de comportamientos ilegales por parte de las empresas, como las «prácticas colusorias», que son acuerdos secretos o acciones concertadas entre competidoras para restringir, impedir o falsear la competencia en el mercado con el fin de aumentar sus beneficios limitando el número de contendientes.

«Implantación de herramientas de inteligencia artificial que asistan a los órganos de contratación para identificar posibles patrones de riesgo, comportamientos atípicos o prácticas colusorias entre licitadores, contribuyendo a la integridad de los procesos y a la protección del interés público», se recoge en la estrategia como una de las medidas concretas a implantar de aquí al año 2030.

Otra de las líneas de actuación es el fomento de la participación de las pymes en las licitaciones públicas, si bien esta promoción está muy acotada por la legislación básica del Estado. Pero el fin está claro, adoptar medidas en los futuros pliegos que resulten en apoyo del tejido productivo gallego e impulsen la concurrencia.

Como acciones concretas a desarrollar, la Xunta señala en primer lugar la introducción de criterios de dispersión poblacional, envejecimiento e impulso demográfico en los contratos que se saquen a licitación. A esto se añade el impulso a la división de los contratos en lotes, una fórmula que facilita que empresas de menor tamaño puedan presentarse a partes concretas de un expediente sin tener que asumir el volumen completo.

También se prevén campañas de formación para pymes y autónomos y una reducción de los contratos menores con el fin de fomentar una contratación conjunta y, por añadidura, una mayor concurrencia.

La Xunta también pone el foco en los concursos con un único aspirante. La estrategia prevé revisar los contratos con un solo licitador, así como los expedientes de más de cinco millones de euros que reciban tres o menos ofertas, para comprobar si existen requisitos excesivamente restrictivos. Con todo esto se quiere ampliar la base empresarial gallega que acuda a las licitaciones.

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