La Axencia Urbanística de la Xunta se ceba con Pontevedra: la provincia acapara el 60% de las demoliciones de construcciones ilegales

El gobierno local de Gondomar ha dado cuenta esta semana de la orden de derribo que pesa sobre siete viviendas unifamiliares de un proceso iniciado hace diez años. Pero el Concello ha querido dejar claro que esta actuación no es municipal, sino que procede de la Xunta, de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU). El pasado año, este órgano de vigilancia dictó 121 órdenes de derribo de obras ilegales, de las que la mitad (60) correspondió a la provincia de Pontevedra. Pero es que en los últimos tres años, nada menos que el 60% de todas las demoliciones ejecutadas se realizaron en esta provincia.

La Xunta se aplicó como nunca en 2024 para combatir las edificaciones fuera de la ley en los municipios que le delegan las competencias de control urbanístico, dado que solo puede intervenir cuando se lo encomienda el concello. Ese año decretó (y se ejecutó) la demolición de 160 construcciones, la cifra más alta de los últimos seis años.

Pero en 2025 bajó un poco el listón. Fueron 121 las «reposiciones de la legalidad» (derribos) realizadas «para proteger el medio ambiente y el patrimonio natural y paisajístico», según informa la APLU.

El mayor número de intervenciones correspondió a la provincia de Pontevedra, con 60, seguida de A Coruña (30), Lugo (21) y Ourense (10). Sumadas todas las demoliciones de los últimos tres años, los derribos en Galicia ascendieron en total a 431, de los que 257 (el 60%) se produjeron en Pontevedra.

En A Coruña, en el mismo periodo se derribaron 90 construcciones ilegales, que representan el 21% del total. En Lugo fueron 64 (el 14%) y en Ourense se quedaron en 22 (el 5%). En las dos provincias orientales de la comunidad, la presión urbanística es mucho menor debido al declive demográfico.

La APLU nació para echar una mano a los ayuntamientos y combatir, cuando al gobierno local le resulta complicado por falta de medios o demasiado conflictivo con los vecinos, las obras ilegales a golpe de expedientes, multas y, cuando hace falta, también excavadoras. Nacida en 2008, con el bipartito PSOE-BNG, obligó desde entonces a más de 2.000 propietarios a reponer la legalidad urbanística y corregir las indisciplinas contra el ordenamiento.

Las demoliciones afectan a toda clase de edificaciones, desde la base y el cierre para instalar una autocaravana, a un quiosco de playa, un galpón, una caseta con barbacoa, un garaje, una vivienda prefabricada o la ampliación de una casa para darle más volumen y añadir una piscina, pavimentación y cierre. Y también, por supuesto, a viviendas nuevas y completas, como las siete unifamiliares de Gondomar, en una actuación que inicialmente se remonta al año 2016, cuando la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística ordenó por primera vez su derribo por incumplir la normativa urbanística.

Desde el Concello, gobernado por Paco Ferreira, han querido destacar «con claridad» que esa actuación «es de competencia autonómica, correspondiendo a la Xunta a su tramitación, resolución y ejecución». «El Gobierno local lamenta profundamente las consecuencias que estas actuaciones pueden tener para las familias afectadas», ha indicado el Ejecutivo municipal.

Durante 2025, la APLU procedió también a la apertura de 165 nuevos expedientes relacionados con posibles infracciones y resolvió 254, ya que se incluyen procedimientos de años anteriores.

En el balance del pasado ejercicio también se contabilizan 312 multas coercitivas impuestas correspondientes a expedientes de diferentes anualidades, una cifra ligeramente inferior a la del año 2024 (355). El importe total de las sanciones alcanzó el millón de euros.

Por provincia, de este total de 312 multas impuestas, 119 se tramitaron en la provincia de Pontevedra, 72 en la de A Coruña, 87 en la de Lugo y 34 en la de Ourense.

Suscríbete para seguir leyendo