Galicia registra un nuevo máximo de denuncias por irregularidades en centros de mayores, niños y personas con discapacidad
Las quejas más frecuentes recibidas por la Xunta están relacionadas con irregularidades en la documentación y las ratios de personal
Una mujer con dependencia física. / Jesús Hellín / EP
Cada año, la Xunta autoriza una media de 57 instalaciones para ofrecer actividades o cuidados a niños, mayores o personas con discapacidad, desde centros de día y residencias hasta guarderías, entre muchos otros. En la actualidad operan más de 2.100 entidades de este tipo en la comunidad, ya sean promovidas por la iniciativa privada, por organizaciones sin ánimo de lucro o por la propia Administración gallega.
Por sus manos pasan las personas «más vulnerables», de ahí que estos servicios estén bajo la lupa de los equipos de Inspección de la Xunta, pero también sometidos al escrutinio de los propios usuarios o de sus familiares. Se controla, por ejemplo, que una residencia disponga de todo el personal que exige la normativa o que sirva un menú adecuado.
Las irregularidades detectadas por inspectores o percibidas por asociaciones o usuarios se concretaron a lo largo de 2025 en Galicia en un total de 755 denuncias, quejas o reclamaciones, todas ellas tramitadas por los inspectores de la Consellería de Política Social, como explican a este diario fuentes de ese departamento.
Un nuevo máximo
La cifra marca un nuevo máximo de notificaciones de supuestas irregularidades o anomalías en los últimos catorce años. Suben un 6,6% con respecto al ejercicio previo, 2024, cuando se situaron en 708, pero triplican las registradas en 2015, una década atrás. Sin embargo, la investigación de esos casos desembocó en la apertura de alrededor de medio centenar de expedientes sancionadores, el dato más bajo del último lustro y menos de la mitad que un año antes. En la última década, Galicia acumula más de cinco mil denuncias y más de 600 expedientes.
Estos no necesariamente tienen por qué acabar en una sanción, pese a que es muy habitual que eso suceda. Desde Política Social explican que las quejas «más frecuentes» son las relacionadas con «irregularidades documentales y de registros» y las que tienen que ver con las ratios de personal, anomalías recurrentes en los últimos años.
A veces afloran situaciones más graves, como la acaecida en Amoeiro, en Ourense, donde la Xunta recibió una queja por supuestas condiciones inadecuadas en las que se encontraban los usuarios en una vivienda comunitaria y en menos de dos semanas clausuró la actividad del centro.
Defensa de la labor de Inspección
La conselleira de Política Social, Fabiola García, defendió en el Parlamento los servicios de Inspección de su departamento, que erigió en un «pilar fundamental para asegurar que el cien por cien de la atención que se ofrece a las personas vulnerables se presta con calidad, plenas garantías y total respeto a sus derechos». Lo hizo el año pasado después de denuncias del BNG sobre las supuestas malas condiciones de una residencia de ancianos en la provincia de Lugo.
El Consello de la Xunta acaba de aprobar la hoja de ruta de los inspectores para este año, que incluirá 1.800 visitas. Entre ellas, acudirán a todas las residencias, centros de día, centros de menores o puntos de encuentro familiar. Como en ejercicios anteriores, se dará «prioridad a los centros o programas que reciben quejas o denuncias y los que ya fueron sancionados anteriormente».
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