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Usos del litoral

El Parlamento gallego pide, sin votos en contra, que el Gobierno paralice la reforma del Reglamento de Costas

La propuesta del PPdeG, aprobada en la Cámara autonómica, denuncia un plan del Gobierno para «expulsar» la actividad del litoral, poniendo en riesgo 25.000 empleos y 3.700 millones de facturación

Vistas de bateas en la ría de Vigo, frente a O Morrazo (Moaña).

Vistas de bateas en la ría de Vigo, frente a O Morrazo (Moaña). / Marta G. Brea

Santiago

El Parlamento de Galicia ha reclamado al Gobierno central que paralice la tramitación del anteproyecto de modificación del Reglamento General de Costas en todos aquellos aspectos que afecten directamente a la duración y prórroga de las concesiones vinculadas a actividades económicas en el litoral.

Esta propuesta del PPdeG fue debatida en la tarde del martes en el pleno de la Cámara, pero no ha sido hasta este miércoles cuando ha salido adelante gracias a la mayoría absoluta parlamentaria de los populares, pero sin ningún voto en contra, toda vez que la oposición ha optado por la abstención.

En el debate, el diputado popular Miguel Fidalgo denunció que el Gobierno tiene un «plan» para «expulsar progresivamente toda la actividad del litoral» y busca con el cambio en el reglamento «abrir la puerta a revisar concesiones vigentes».

Sostuvo que va a «equiparar la situación de una batea con un chiringuito de playa» y dice que pone en riesgo 25.000 empleos y 3.700 millones de facturación.

Esta propuesta también reclama al Ejecutivo central convocar una conferencia sectorial urgente para debatir con todas las comunidades el alcance de la reforma, con respuesta a las alegaciones de Galicia, sin convertir el periodo de consulta «en un trámite del expediente vacío de contenido».

También persigue asegurar la plena seguridad jurídica de las concesiones y sus inversiones, «evitando cualquier retroactividad material de las modificaciones reglamentarias».

Entre otras cuestiones, pide hacer un estudio del impacto económico, social y laboral, además de garantizar una indemnización por «cualquier modificación del plazo o de las condiciones de las concesiones ya otorgadas».

Durante el debate parlamentario, Rosana Pérez (BNG) afeó al Gobierno gallego que tiene la intención de «meterle miedo a la gente» como ya hizo en 2024, la última vez que el Gobierno intentó modificar este reglamento, en lo que define como un «campañón» que llevó a cabo la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.

Igualmente, Carlos López Font (PSOE) cargó contra la «utilización del Parlamento» por parte del PP para «confrontar con el Gobierno de España». De hecho, se ha mofado de que la propuesta presentada por los populares era de 2024 y han tenido que hacerse una autoenmienda con hasta nueve puntos.

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