Los motivos (legales y naturales) por los que los concellos tienen que localizar las fugas de agua y reparar la red de abastecimiento

La obligación legal de que los concellos, sin importar su tamaño, tengan que hacer una auditoría para comprobar las pérdidas de agua de su red de abastecimiento con el objetivo final de reparar las fugas nació de una situación de anomalía en Galicia.

La comunidad estuvo en alerta por sequía 15 meses, desde enero de 2017 hasta abril de 2018, y lo que fue una rareza tal vez deje de serlo conforme pasen los años (o décadas), porque la Xunta, como responsable de la estructura normativa autonómica, está convencida de que volverá a suceder como consecuencia del cambio climático.

Por ello, con el objeto de prepararse para nuevos episodios de falta de agua, lanzó en 2019 la Lei de Medidas de Garantía do Abastecemento en Episodios de Seca e en Situacións de Risco Sanitario, una norma que recoge las medidas a poner en marcha en caso de sequía, buena parte de ellas dirigidas a los concellos como responsables directos de la gestión del abastecimiento.

Una de estas acciones es mejorar el estado de las canalizaciones y reparar las fugas, y para ello, primero se debe realizar una auditoría para identificar el volumen de las pérdidas y el lugar en el que se producen las filtraciones.

De promedio, las fugas de agua en las redes municipales de Galicia son del 41%, llegando incluso al 60% en los ayuntamientos de menos de 2.000 habitantes, según los datos de la Xunta. El objetivo es que en el futuro, esas pérdidas queden por debajo del 20%. A partir de ahí, los concellos serían penalizados. De momento, esta medida disuasoria está en suspenso, pues la Xunta entiende que la dificultad para que los concellos afronten los diagnósticos y reparen sus redes es enorme.

El problema de las fugas no solo es de eficiencia de la gestión del agua, sino también de sobreexplotación de los recursos, dado que obliga a incrementar las extracciones en más de un 30% de media, y ejercer una presión adicional, para cubrir la demanda real, precisamente en la misma proporción en que se pierde agua por las tuberías y canalizaciones.

Esa ley de 2019 recoge otras actuaciones extraordinarias para los casos de sequía, como «requisar los derechos de aguas privadas procedentes de fuentes, chafarices, pozos, galerías y minas de captación de agua». Eso podrá hacerse en la demarcación hidrográfica Galicia-Costa, pues en la del Miño-Sil la competencia es estatal.

Con el mismo objetivo, Augas de Galicia, en el ámbito de Galicia-Costa, podrá ordenar el abastecimiento de la población «con caudales de aguas concedidos para otros usos», y siempre con el visto bueno de las autoridades sanitarias. En consecuencia, podrá restringir el uso de aguas en actividades recreativas, fuentes…

Y hay más cosas, pero no ya en esa ley de 2019. En el nuevo plan hidrológico de la comunidad que se está tramitando ahora, la Xunta plantea el trasvase de agua entre sistemas de abastecimiento como una de las fórmulas para garantizar el suministro en episodios de sequía o para cubrir cualquier otra contingencia de la población.

Es una de las propuestas clave. «Se considera relevante abordar la interconexión entre los grandes sistemas de abastecimiento para reducir su vulnerabilidad en situaciones de escasez y para optimizar el uso de los recursos hídricos», se recoge en el documento elaborado por Augas de Galicia que ahora se ha sometido a participación pública.

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