El Defensor del Pueblo sale en auxilio del lobo: deben priorizarse las ayudas a los ganaderos por los daños frente a la caza

El Defensor del Pueblo apuesta por un modelo de gestión del lobo «eficaz» que atienda «debidamente» los intereses de las explotaciones ganaderas y que en lugar de la eliminación física de los ejemplares priorice la prevención e indemnización de los daños que causan.

Así lo ha expresado en su informe anual 2025, que Ángel Gabilondo ha registrado este martes en el Congreso y entregado a su presidenta, Francina Armengol. En él, la institución ha precisado que estas indemnizaciones deben satisfacer «de modo integral» los daños producidos por los lobos, por lo que tienen que traducirse en compensaciones «justas y rápidas».

«Las cantidades deben de llegar a los afectados de manera ágil (sin incurrir en los plazos de hoy en día y que no son admisibles) y cubrir la suma de los gastos generados por los ataques, y no solo el mero valor del animal muerto o herido», ha destacado.

Además, el Defensor del Pueblo ha indicado que la valoración económica de los animales habrá de regularse «debidamente», actualizando y ajustando a la realidad los baremos existentes. De manera paralela, opina que se tendrá que reducir la complejidad del proceso de verificación de ataques y aumentar su eficiencia.

«Ha de contar, igualmente, con un sistema de apoyo en la financiación de las medidas de prevención de los ataques, sea a través de la utilización efectiva de los fondos ya existentes, sea con la adición de nuevos recursos para ello», ha recalcado.

En el informe, ha hecho referencia al recurso de inconstitucionalidad que la institución presentó durante el verano pasado contra tres disposiciones de la Ley de Desperdicio Alimentario que en la práctica bajaban la protección a los lobos.

En este sentido, ha indicado que el recurso no supone una toma de posición del Defensor del Pueblo con respecto a este tema, cuestión que a su juicio «debe basarse en los estudios y criterios científicos pertinentes y en el principio de precaución, así como dirimirse a través de los cauces establecidos para ello en la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

»(Este recurso) expresa exclusivamente la conclusión del examen realizado sobre la constitucionalidad de las normas referida», ha subrayado.

Aún así, ha insistido en que en su opinión es posible la adopción de una perspectiva distinta a la que enfrenta «de manera irreconciliable» los intereses de sector productivo ganadero y la pervivencia de la especie en el país.

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