Un centenar de ayuntamientos de Galicia aún no comprobó las fugas de agua cuatro años después de expirar el plazo legal

Las responsabilidades de los concellos no dejan de aumentar con casi cada ley autonómica o estatal aprobada que toque su campo de gestión, ya sea en el área del tratamiento de la basura, la prevención de incendios, la lucha contra eventuales inundaciones, el saneamiento o el abastecimiento de la población. Pero los concellos no siempre son capaces de seguir el ritmo. Es más, rara vez lo hacen. Como sucede con la obligación de realizar una auditoría para determinar el volumen de fugas de agua en sus redes de suministro a la población. Así, cuatro años después de expirado el plazo legal para que los gobiernos locales evaluaran las pérdidas, un centenar de concellos aún no ha realizado esta exigencia.

«En estos momentos han realizado la auditoría de las redes de abastecimiento unos 217 concellos de los 313, es decir, cerca del 70% del total», admite Augas de Galicia, el departamento de la Xunta sobre el que recaen las competencias hidráulicas de la comunidad. Por tanto, otros 96 siguen sin hacerla.

La obligación de acometer un diagnóstico de las traídas municipales se estableció en la Ley 9/2019 de Medidas de Garantía del Abastecimiento en Episodios de Sequía y en Situaciones de Riesgo Sanitario, que fija, entre sus objetivos, garantizar la prestación adecuada del servicio cuando exista un episodio de sequía. Ahí se establecía que el plazo máximo era dos años a contar desde la entrada en vigor de la norma, que fue en enero de 2020.

Todas las administraciones deberían para entonces contar con auditorías que reflejaran las fugas de agua en sus instalaciones de abastecimiento, haber publicado el porcentaje de pérdida de agua en la sede electrónica de la administración correspondiente y tener aprobado, además, un plan de actuaciones para minimizar las filtraciones.

Ayuda económica

Dado que muchos concellos carecen de medios técnicos y económicos suficientes para realizar los diagnósticos, entre otras razones por la elevada dispersión poblacional y las numerosas traídas de gestión municipal que puede haber en cada término, la Xunta ha habilitado desde entonces convocatorias anuales de subvenciones para contribuir a la financiación de estas operaciones de control de fugas.

Así, de los 217 municipios que ya realizaron la auditoría, 157 la hicieron con aportación económica de la Xunta entre los años 2022 y 2025. Otros 60 la acometieron con fondos propios del municipio o recurriendo a convocatorias de ayudas distintas de las convocatorias lanzadas por la Administración autonómica, según informa Augas de Galicia.

Pero a veces ni siquiera una contribución económica de la Xunta es garantía de que los concellos, sobre todo los más pequeños, sean capaces de afrontar esta responsabilidad. De hecho, la Administración autonómica admite que en 2025 hubo concellos que solicitaron la subvención y, después de que se les concediera la ayuda, desistieron de seguir adelante con la auditoría.

El caso es que no solo la Xunta impuso esta obligación, aunque sí fue la primera. Porque el Ministerio para la Transición Ecológica, siguiendo una directiva de la Unión Europea, también obliga a los concellos a notificar las fugas que sufren en sus redes de abastecimiento, con datos relativos al año 2024. El Gobierno central no ha informado, por su parte, del grado de cumplimiento, pero resulta dudoso que, al menos en Galicia, haya más concellos que los ‘controlados’ por Augas de Galicia.

La ley gallega de garantía de abastecimiento fijaba una penalización en el canon a los municipios con pérdidas superiores al 20%. La medida disuasoria se iba a implantar en 2022, pero como es una tarea enorme la encargada a los concellos, la Xunta decidió conceder un aplazamiento en la aplicación del recargo, de forma que será del 50% en 2027 y ya del 100% en 2028.

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