Aprobada sin votos en contra la ley gallega que multará con hasta 15.000 euros las agresiones al personal sanitario

El Parlamento de Galicia ha aprobado este martes, sin votos en contra, la modificación de la Lei de Saúde para reforzar la protección del personal sanitario frente a las agresiones, en el último trámite parlamentario de una reforma que quedará ya únicamente pendiente de su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG) para entrar en vigor. El texto salió adelante esta mañana, con 46 votos a favor y 26 abstenciones, con el respaldo del PPdeG y el PSdeG, mientras que BNG y el diputado de Democracia Ourensana optaron por abstenerse.

La nueva redacción de la ley permitirá sancionar con multas de hasta 15.000 euros las conductas más graves contra los profesionales del ámbito sanitario e incorpora nuevas herramientas para responder a una violencia que ya no se limita a las agresiones físicas. La norma incluye la posibilidad de actuar también ante episodios de violencia verbal y digital, contempla sanciones por grabaciones sin consentimiento en las consultas y abre la puerta a medidas de protección para las víctimas, entre ellas el cambio de centro de la persona infractora o actuaciones organizativas para evitar nuevos episodios.

Durante el debate plenario, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, defendió que la modificación legal permitirá «actuar con mayor eficacia» y aseguró que con esta reforma «se eleva al máximo rango la prevención y protección frente a agresiones a todo el personal del sistema gallego de salud». El titular de Sanidade agradeció además a los grupos su «compromiso y responsabilidad institucional» y resumió el objetivo de la ley en una idea: «proteger a quien cuida».

Desde el PSdeG, la diputada Elena Espinosa apoyó la aprobación del texto, aunque dejó claro que su grupo considera insuficiente el alcance de la reforma si no va acompañada de cambios estructurales en el sistema. A su juicio, la norma «no ataca al problema de raíz», que, dijo, «no se abordará mientras la Xunta no apueste por reforzar las plantillas, reducir las listas de espera y mejorar los tiempos de atención». Su intervención incidió así en una de las ideas compartidas por la oposición durante la tramitación: que la prevención de las agresiones debe ir ligada también a una mejora del funcionamiento de la sanidad pública.

En esa misma línea se expresó la diputada del BNG, Montse Prado, que justificó la abstención de su grupo al entender que la modificación legal «se queda en punir» y «no protege realmente a los profesionales». La parlamentaria nacionalista defendió que la verdadera protección pasa por dotar al sistema de «recursos, medios y tiempo para atender a los pacientes» y recordó que su grupo presentó 31 enmiendas, admitidas a trámite por los servicios jurídicos de la Cámara, aunque finalmente fueron rechazadas.

Prado lamentó además que no se aceptasen propuestas relacionadas con la atención en los domicilios de los usuarios, que finalmente sí incluyeron, y vinculó el aumento de la conflictividad con el deterioro de la sanidad pública. «Tenemos tolerancia cero con las agresiones, pero también con el deterioro de la sanidad pública», sostuvo.

También el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, se abstuvo y cuestionó que la reforma se base en «medidas meramente coercitivas» y «a posteriori». En su intervención, reclamó a la Xunta que vaya «a la raíz del problema» y apueste por mejorar la Atención Primaria, las Urgencias y el conjunto de los servicios sanitarios para evitar situaciones de tensión..

Por el contrario, la diputada del PPdeG Encarnación Amigo defendió el texto como una respuesta necesaria ante una tendencia «preocupante» y reivindicó que durante la tramitación «ha habido diálogo y cesiones» y «ganas de llegar a acuerdos». La parlamentaria popular insistió en que «nada justifica una agresión, ni a un sanitario ni a nadie» y presentó la norma como un paso «operativo, normativo y estructurado» para asentar una política de tolerancia cero frente a la violencia en el ámbito sanitario. «Quien salva vidas no puede trabajar con miedo», afirmó.

Antes de la aprobación definitiva del texto fueron rechazadas las enmiendas defendidas por los grupos de la oposición. Después, el dictamen de la comisión salió adelante con los votos favorables de PP y PSdeG y las abstenciones de BNG y DO. La reforma culmina así su recorrido parlamentario con un amplio respaldo de la Cámara, aunque con discrepancias sobre su alcance real: mientras la Xunta y el PP la presentan como un refuerzo decisivo de la protección a los sanitarios, la oposición insiste en que la prevención de fondo exige también más personal, menos demoras y una mejor atención en la red pública.

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