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Cuidados

Galicia precisó quince años para recuperar el máximo de familiares de dependientes de alta en la Seguridad Social: 8.000

Tras siete años de recuperación de la subvención a la cotización que el Ejecutivo de Rajoy suprimió en 2012 y que diezmó las altas, los cuidadores que cotizan vuelven al máximo anotado en 2011

Un hombre empuja una silla de ruedas de una mujer con depedencia.

Un hombre empuja una silla de ruedas de una mujer con depedencia. / Xoán Álvarez

Carmen Villar

Carmen Villar

Santiago

Aunque la sociedad ha cambiado y en Galicia nunca habían trabajado tantas mujeres fuera de casa, siguen siendo las familias, y sobre todo ellas, que suponen el 78% de cuidadoras no profesionales, las que llevan sobre sus hombros la carga de la atención a la dependencia, como reflejan las cifras del Bono Coidado o refrendan los datos del Imserso: una cuarta parte de las prestaciones de la Ley de la Dependencia en la comunidad, casi 37.000, son por cuidados en el entorno familiar.

Con todo, apenas 8.000 cuidadores no profesionales, en realidad, en su inmensa mayoría, cuidadoras, están dados de alta en el convenio especial de la Seguridad Social. Gota a gota a lo largo de los últimos años, con una media de hasta tres familiares de dependientes al día en ciertos momentos, la cifra recuperó por fin este febrero el nivel máximo que había alcanzado en 2011, meses antes de que el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy suprimiese la subvención a la cotización y su decisión hiciese desistir, antes o después, a miles de cotizantes.

En 2019 el Gobierno socialista recuperó la financiación de las cuotas del convenio especial, en el contexto de una ley que pretende «garantizar» la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. Desde entonces, el número de cuidadores no profesionales que ha vuelto a generar derechos en la Seguridad Social a coste cero no ha dejado de crecer en Galicia hasta situar el contador donde se había quedado hace tres lustros.

Una prestación de carácter «excepcional»

En Galicia las prestaciones por cuidados en el hogar suponen una cuarta parte de las concedidas al amparo de la Ley de Dependencia, a pesar de que el Gobierno reserva esta opción «excepcional» para casos en los que «no sea posible el reconocimiento de un servicio adecuado» por la «inexistencia» de recursos acreditados, sean públicos o privados.

A febrero de este año se contabilizan en la comunidad 37.000 prestaciones de este tipo. La mitad de los cuidadores familiares gallegos de dependientes tienen entre 50 y 66 años y un 42 por ciento (casi seis puntos por encima de la media estatal) atiende en casa a a alguno de sus progenitores. El horario de estas asistentas informales supera, con mucho, a los que afronta un trabajador por cuenta ajena y, sin embargo, no todas están dadas de alta en el convenio especial de la Seguridad Social.

De hecho, solo una de cada cinco cuidadoras no profesionales se beneficia del convenio. No obstante, hay que tener en cuenta que la normativa fijada por el Gobierno excluye de su suscripción a quienes estén ya de alta a tiempo completo o en desempleo o recibiendo ciertas prestaciones y además exige la baja cuando cumplen 65 años, una situación que afecta, al menos, al 18 por ciento del colectivo.

La sacrificada vida de los cuidadores

Atender a una persona que necesita cuidados, aunque ese alguien sea afectivamente muy cercano, no es fácil. Un estudio encargado por la Xunta a la Universidade de Santiago evidenció que uno de cada seis cuidadores de dependientes sufre depresión y más del triple está en riesgo de padecerla. La presión llega al punto de que casi uno de cada cinco se planteó alguna vez quitarse la vida. El mismo trabajo reveló que la dedicación es intensiva: una media de 16 horas diarias durante 13 años.

Cuando el Ministerio recuperó la bonificación de las cuotas, proclamó que «la principal ventaja para los cuidadores no profesionales, mayoritariamente mujeres, es que de esta forma los años dedicados al cuidado de la persona dependiente se integran en su vida laboral y contribuyen a generar derecho a prestaciones como la de jubilación o la de incapacidad permanente».

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