Galicia, entre las comunidades con mayor cobertura de inspección ambiental

Cuando una instalación industrial genera un impacto ambiental significativo —emisiones atmosféricas, vertidos, residuos peligrosos o grandes volúmenes de producción—, la normativa europea y española exige que cuente con una Autorización Ambiental Integrada (AAI). Este permiso, que regula de forma conjunta todas las afecciones ambientales de una actividad, es obligatorio para industrias de sectores como el de la energía, la gestión de residuos, el agroalimentario o el de producción de papel. En Galicia, las otorga la Consellería de Medio Ambiente, pero este no es el punto final, sino el inicio de un sistema de vigilancia continua a través de inspecciones periódicas, que pueden ser anuales o cada dos o tres años dependiendo del riesgo. Y es precisamente en ese control posterior —la inspección ambiental de las instalaciones autorizadas— donde un estudio europeo reciente sitúa a Galicia en una posición destacada dentro del panorama español, tan solo por detrás de Madrid.

Concretamente, el trabajo, desarrollado por investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y publicado recientemente en la revista científica Euro-Mediterranean Journal for Environmental Integration (Revista Euromediterránea de Integración Ambiental), analiza los sistemas de inspección ambiental de diez países europeos y realiza, además, una comparativa detallada entre las comunidades autónomas españolas.

En la comparativa europea, España sale mal parada: mientras cumple el 75% de su plan anual de inspecciones (entre los más bajos junto a Italia y Polonia, con un 65% y un 50% respectivamente), su cobertura sobre el total de instalaciones con AAI se limita al 45%, la más baja de los diez países analizados. En el extremo opuesto se encuentra Suecia, que cumple el 90% de su plan anual e inspecciona el 85% del total de instalaciones con AAI. La diferencia entre el primer y el último puesto es, para los autores del estudio, que Suecia cuenta con una evaluación institucional muy sólida, altamente tecnificada y bien financiada, mientras que el sistema español está marcado por una gran variabilidad territorial y un elevado grado de descentralización. Una disparidad que, precisamente, se aprecia en los resultados autonómicos.

En este contexto fragmentado, Galicia emerge como una de las comunidades con mejor desempeño. El estudio destaca, por un lado, su estabilidad en el cumplimiento del plan inspector —es decir, en la ejecución de las inspecciones que tenía programadas—, con una tasa constante del 85,8% durante los tres años analizados. Pero donde realmente pone el acento es en su alta cobertura inspectora —el peso de las instalaciones efectivamente inspeccionadas sobre el total de las sometidas a AAI—, con valores de entre el 79% y el 86%, lo que, según el estudio, sugiere un enfoque más consolidado del control y la calidad que en otras regiones. Se queda solo por detrás de Madrid, que tiene un «rendimiento excepcional», al realizar todos los años el 100% de las inspecciones programadas e inspeccionar en torno al 90% del total de instalaciones con AAI.

Otras autonomías como La Rioja, Asturias y el País Vasco mantienen tasas muy elevadas de cumplimiento del plan inspector, por encima del 90%, y alcanzan en torno a la mitad del total de sus instalaciones con AAI. En el lado opuesto están Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura y Baleares como las comunidades con peores niveles de cumplimiento del plan inspector, por debajo del 50%.

En este contexto, el texto concluye que España debería reforzar la coordinación entre comunidades, unificar criterios de inspección y apoyarse en herramientas digitales comunes para ganar en transparencia, trazabilidad y eficacia. A juicio de los autores, la fuerte descentralización del sistema sigue generando diferencias sustanciales en cobertura, recursos y resultados, por lo que defienden una metodología más homogénea, con indicadores comunes, inspecciones priorizadas por riesgo y evaluación continua de los resultados.