Vivenda aumentará las inspecciones sobre los pisos públicos para evitar impagos y que estén vacíos

La Xunta quiere aumentar a 10.000 pisos su parque residencial público en el horizonte de 2030. De esta manera busca ayudar a aquellas familias con ingresos más reducidos a encontrar un hogar. Pero gestionar todos estos inmuebles es «complejo», tal y como reconoce la Consellería de Vivenda. «Debemos cumplir una doble función: garantizar el acceso a una vivienda y, por otro lado, ser un gestor eficaz del patrimonio», advierte el departamento de María Martínez Allegue. Por ello, se intensificará la labor de inspección para evitar impagos, que estos pisos estén desocupados y garantizar así el buen uso de las viviendas.

Se trata de garantizar «la eficacia de los recursos públicos invertidos». La Xunta advierte que el parque público de vivienda en alquiler debe permitir una rotación en su ocupación y «optimizar al máximo» su rendimiento, así como una «perfecta adaptación entre los requisitos de las personas adjudicatarias y el destino de las viviendas».

De ahí que Vivenda haya decidido ser más escrupulosa y garantizar que los inquilinos de estas viviendas públicas paguen sus alquileres y no engañen a la administración teniendo la vivienda desocupada. El incremento de inspecciones es uno de los objetivos fijados por la Xunta en su nuevo Pacto de Vivenda 2026-2030.

De hecho, está aumentando la morosidad en el pago de las rentas. A diciembre de 2024 la Xunta tenía pendiente de cobro casi 16,4 millones de euros correspondientes a los inquilinos que viven en los pisos gestionados por el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS). Esta deuda, que ya se considera de «dudoso cobro», supone un incremento del 16 por ciento con respecto a la cifra de 2023.

También hay usos fraudulentos, no solo de las viviendas de promoción pública, sino también de los pisos de protección. La Administración autonómica abrió entre los años 2019 y 2025 un total de 195 expedientes sancionadores por incumplimientos de la normativa de vivienda protegida gallega. Esto son casi tres sanciones al mes por fraude a los titulares de estos inmuebles por no usarlos como residencia habitual, arrendarlos sin permiso o por un precio mayor al establecido e, incluso, venderlos sin haber expirado el periodo de protección —en algunos casos incurriendo en varias de estas casuísticas—.

Bono Alugueiro Social

El aumento de las inspecciones a viviendas de promoción es una de las medidas incluidas en el nuevo Pacto de Vivenda, en el que la Xunta prevé gastar casi 2.000 millones de euros en los próximos cinco años. Dentro de este plan, la Xunta prevé revisar también el programa del Bono de Alugueiro Social que está pensando para dar un apoyo urgente, inmediato y puntual a las familias que necesiten ayuda para el pago de sus alquileres. Sin embargo, en el Observatorio de Vivenda, donde además del IGVS está representado el sector, se llegó a la conclusión de que debe «reconfigurarse» para evitar que «se cronifiquen las situaciones» que atraviesan estas personas con dificultades para abonar sus rentas e intentar encajar el programa dentro del nuevo Plan Estatal de Vivienda con financiación del Estado.

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