Los cazadores gallegos alertan sobre las restricciones a la codorniz: «Es matar económicamente a los cotos»

Cada verano, durante apenas ocho días, la comarca de A Limia se convierte en el principal punto de encuentro de los cazadores de codorniz en Galicia. En esta zona de Ourense se concentran la práctica totalidad de las capturas de la comunidad y es también donde más preocupa la posibilidad de que se restrinja una actividad, en línea con la recomendación de la Comisión Europea.

Según explica el secretario de la Federación Galega de Caza de Ourense, José Luis García, hay alrededor de una docena de cotos de caza de codorniz, y para ellos, limitar su caza supondría «matarlos económicamente». Durante las cuatro semanas al año que se puede cazar, entre agosto y septiembre y solo dos jornadas de cada una, generalmente sábado y domingo, cotos como el de Sandiás pueden generar 24.000 euros, con unos 30 cazadores cada día. «A esto hay que añadirle las comidas y desayunos que se dejan en los establecimientos», e incluso el alojamiento, porque, reconoce, viene gente de otras autonomías, como Castilla y León y País Vasco. 

En A Limia, asegura, «el clima, la comida y el hábitat» son perfectos para esta especie, que el año pasado llegó a criar «hasta dos veces en la misma temporada», y la demanda es tan elevada que las tarjetas para la media veda, explica, empiezan a venderse ya en mayo e incluso se reservan «de un año para otro». Su población, asegura, lejos de disminuir ha aumentado. Según explica, hace unos años podía ver «unas veinte codornices en todo el día», mientras que ahora esa cantidad aparece «en la primera hora de caza». Por todo ello, considera que «decir que tiene mala salud o que no las hay para hacer una prohibición es sacar una norma a machada, quieren terminar con esta caza». 

Para el sector el problema está claro: la falta de estudios territorializados que respalden una decisión de este tipo. Según García, ocurrió lo mismo con la becacina, una especie cuya caza se prohibió «cuando en Galicia, sobre todo en la zona de A Mariña de Lugo, hay más becacinas que palomas en la plaza de Santa Ana de Madrid». Y algo similar considera que está ocurriendo con la codorniz. «Si no hubiese densidad de codornices nadie se iba a venir seis horas en coche y gastarse mil euros en un fin de semana», asevera.

Esta es, precisamente, una de las cuestiones que pusieron de manifiesto este lunes nueve comunidades, entre ellas Galicia, que remitieron una misiva al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación rechazando la postura favorable del Gobierno central a asumir la recomendación de Bruselas de restringir su caza «sin un criterio científico claro». En la carta, impulsada por la Junta de Extremadura y firmada, además de por la Xunta, por sus homólogas de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, La Rioja, Madrid y Murcia, instan al Gobierno central a reconsiderar la aplicación de medidas «automáticas, homogéneas o desproporcionadas».

Parten de la base de que ni la situación de este animal es igual en todo el territorio ni se explota en la misma medida. De hecho, de las cerca de 700.000 codornices que se cazaron en España en 2022 (último año con datos), el 46% se reportó en Castilla y León, frente al 2,23% de Galicia. De este modo, consideran que no resulta admisible construir una respuesta «uniforme» sobre realidades ecológicas y socioeconómicas «notablemente distintas» y que, ante cualquier instancia, ya sea nacional o europea, el Gobierno debe incorporar «de forma leal» la realidad del medio rural, la importancia social, económica y territorial de la actividad cinegética y la necesidad de evitar cargas administrativas «innecesarias» o decisiones que puedan ser gravemente lesivas para amplias zonas del territorio.

Las «mentiras» sobre el lobo

En otro orden de cosas, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, acusó al Gobierno central de «faltar a la verdad» en la información que transmite a la UE solo por «motivos ideológicos». Aseguró que el Gobierno decidió no enviar a la Comisión Europea un informe hecho por las autonomías que demostraba que «el estado de conservación del lobo es favorable», y que este lunes hizo llegar a la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall, para combatir las «mentiras» vertidas sobre este asunto. Al hilo, lamentó que el Ejecutivo central no haya convocado la Conferencia Sectorial para aprobar de manera definitiva el informe y haya elaborado uno propio que «utiliza información subjetiva y contraria a los análisis técnicos realizadas por las comunidades».

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