El Gobierno dará la batalla legal contra la indemnización a los Franco por el Pazo de Meirás

El Gobierno no se conforma con la sentencia del Tribunal Supremo que ordena a la familia Franco entregar al Estado el Pazo de Meirás (Sada). Aplaude que la resolución haya ratificado la decisión previa de la Audiencia Provincial de A Coruña, pero discrepa con que la ‘devolución’ del inmueble tenga que ser compensada con una indemnización para los herederos del dictador por las obras y mantenimiento que realizaron mientras ocupaban el edificio.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este domingo que el Ejecutivo «dará la batalla» legal contra esa indemnización, un litigio para el que pide la colaboración del «conjunto de las administraciones». «Seguiremos defendiendo los intereses públicos», ha indicado en una entrevista a la cadena SER.

El importe de la compensación se desconoce de momento. Se tendrá que determinar cuando toque ejecutar la sentencia, paso que le corresponderá al Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, que abrirá una pieza separada para fijar la cuantía.

En todo caso, en el año 2020, el abogado de la familia Franco la cifró en un mínimo de 800.000 euros. «Es una parte del fallo que va a tener recorrido jurídico porque lo hemos consultado con la Abogacía del Estado. Nos dice que tendrá que ser trasladado a la Audiencia Provincial de A Coruña y ya veremos en qué acaba», ha concretado el ministro, preguntado al respecto.

Preguntado específicamente por si el Gobierno recurrirá la sentencia, Torres ha insistido en el «recorrido» legal que le trasladan que tendrá. «Vamos a dar la batalla, y espero que sea con el conjunto de administraciones, para que un uso de alguien privativo no tengamos que indemnizarlo con cantidades económicas», también ha dicho.

En este sentido, ha asegurado que su departamento ya está en contacto con los servicios jurídicos de todas las administraciones implicadas, a las que además ha agradecido su implicación en el proceso realizado hasta ahora.

En todo caso, el ministro ha valorado el fallo como «una victoria de la defensa de lo público frente a lo privado y de la democracia frente al totalitarismo».

En cuanto al futuro de este bien, declarado recientemente como Lugar de Memoria Democrática, trabajará con Patrimonio Nacional y de la mano del resto de administraciones para alcanzar un «consenso» sobre su uso. Su propósito es «que pueda ser destinado al bien general» que entre todos se pueda «compartir».

Así, ha avanzado que ahora arranca un proceso para poder abrirlo al público y que sea un bien que recuerde «lo que allí se hacía y lo que era»: «Debe ser visitado y debe invertirse en él lo que sea necesario».

Preguntado por la petición del BNG para que el Gobierno transfiera el monumento a Galicia, Ángel Víctor Torres no ha querido «adelantarse» a su posición, ya que aún no han tenido tiempo de analizar y estudiar la propuesta.

Por otra parte, el titular de Política Territorial ha calificado como «buena» la relación del Gobierno con Alfonso Rueda: «Hemos llegado a más acuerdos desde 2019 hasta hoy que en los años anteriores». Además, cree que es «más fácil» entenderse con él que con otros presidentes autonómicos, en los que ve una «aversión permanente» que no ha encontrado en el gallego.