El negocio del cuidado: cada año la Xunta autoriza una media de 57 instalaciones para niños, mayores o personas con discapacidad

Días atrás, el Consello de la Xunta daba luz verde al plan de inspección de la Consellería de Política Social para 2026, que se traducirá en 1.800 visitas de su personal —como mínimo— a residencias, escuelas infantiles o centros de día, entre otro tipos de instalaciones, para verificar que cumplen la normativa, que busca garantizar los derechos de los usuarios y en pro de una «mejora continua de la calidad».

Uno de los mandatos de la planificación de este año es proporcionar a las entidades prestadoras de servizos sociales información necesaria para que cumplan los requisitos de puesta en marcha de centros, servicios o programas y de cara a que el funcionamiento de los servicios ofrecidos sea el «adecuado».

La cuestión no es baladí porque el negocio del cuidado está en auge en Galicia. Cada año, considerando los datos del último lustro, el departamento que dirige Fabiola García otorga un promedio de 57 permisos para la puesta en marcha de nuevas instalaciones que se enmarcan en el ámbito de la discapacidad, la inclusión, la igualdad, los mayores, los menores o la infancia.

A ese ritmo, este tipo de instalaciones se dispararon un 60 por ciento en Galicia en la última década, desde las 2.137 que figuraban en 2015 en el Rexistro único de entidades prestadoras de servizos sociais (Ruepss), donde la inscripción es obligatoria, a las 3.357 que aparecen en 2025, tal como revelan las estadísticas recopiladas por la Xunta. Otra cosa es que poco más de la mitad aparecen como activas, un total de 1.896.

Centros con actividad

Entre los que tienen actividad, un tercio de titularidad pública, los que más han aumentado en la década reciente son los centros que orientados ala inclusión, un 167 por ciento, mientras que los recursos para los mayores, colectivo que aumenta cada año en Galicia, caracterizada por el envejecimiento de sus habitantes, crecieron un 24 por ciento, en el mismo entorno que los destinados a la promoción de la igualdad (20 por ciento más).

Aun así, el grueso de la oferta en la comunidad está enfocada en la población de mayor edad, que tiene a su disposición 699 instalaciones, casi cuatro de cada diez activas, desde centros de día a residencias. Les siguen muy de cerca, con un aumento del 6,7 por ciento en diez años pese al retroceso de la natalidad, las infraestructuras pensadas para la infancia, que suponen casi una tercera parte de las registradas con actividad.

Cancelaciones

Pero no solo nacen nuevos centros; también desaparecen. Cada año se cancelan de media 23 autorizaciones, bien sea por cese, por no prestar ya servicios o por no cumplir con los requisitos o por sanciones.

No son inusuales, por ejemplo, denuncias por falta de personal, por deficiencias en las instalaciones o incluso por infligir a los usuarios tratos degradantes. En algunos casos, la sucesión de negligencias e incumplimientos aboca a los establecimientos al cierre, como ocurrió, según el PSdeG, con cinco residencias de mayores en el último lustro. De hecho, las quejas que recibe Política Social de entidades o particulares, aparte de las detectadas por sus inspectores, superaron las 500 de media entre 2019 y 2024.

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