El laberinto en busca de un diagnóstico de espectro autista: «Esperamos 5 meses para una cita», asegura una familia gallega

El recorrido de muchas familias que sospechan que su hijo puede tener TDAH, trastorno del espectro autista (TEA) u otro trastorno del neurodesarrollo no empieza con una respuesta, sino con una espera. A veces doble. Primero, para conseguir una valoración. Después, para lograr que ese diagnóstico permita abrir la puerta a terapias, apoyos o determinados reconocimientos administrativos. Ese itinerario es el que describe Silvia , madre de Roque, un menor de Vigo con diagnóstico dentro del espectro autista. Su relato dibuja un proceso largo, costoso y lleno de idas y venidas entre la privada y la pública. «Desde febrero del año pasado que empezamos», resume.

Antes de eso, cuenta, su hijo había sido etiquetado como TDAH en el sistema público, un diagnóstico que nunca acabó de encajarles. Más tarde, ya en la privada, una psiquiatra infantil revisó el caso y fue tajante. «Este niño no tiene TDAH, quizás el síndrome de Asperger» (una denominación histórica que hoy se integra dentro del TEA, generalmente sin discapacidad intelectual ni retraso significativo del lenguaje), recuerda Silvia.

La familia decidió entonces avanzar por las dos vías a la vez. Por un lado, acudió a la privada para obtener una orientación más rápida. Por otro, pidió cita con Pediatría para encauzar el caso dentro del sistema público. El motivo era práctico: el informe privado servía para orientar decisiones y empezar a actuar, pero había trámites y apoyos para los que necesitaban respaldo oficial.

Y tampoco en la privada fue inmediato. La primera consulta especializada en psiquiatría, en Pontevedra, llegó tras seis meses de espera, según su testimonio. Después vendría otro medio año para iniciar terapia en un centro concreto. «Sí que percibimos cierto colapso», resumen.

En la pública también hubo espera: «Pedimos cita en la pediatra para que nos derivara a la unidad de TEA en el Nicolás Peña. Nos atendieron a los cinco meses», recuerda. Y mientras algunos procedimientos siguen su curso, la familia continúa pendiente de otros pasos, como la valoración de dependencia. 

El diagnóstico, además supone un alivio, pero también el inicio de la parte más costosa. Silvia pone cifras: una primera valoración puede ascender a más de 300 euros. La beca de 1.200 euros al año que ayuda, no cubre el gasto real. «Nos gastamos al mes casi 200 euros», señala sobre las terapias. Las revisiones privadas rondan, según relata, los 90 euros. A eso se suma la medicación: en su caso, un jarabe por el que pagan 50 euros al mes, pese a estar cofinanciado. Así, su experiencia refleja una realidad cada vez más extendida: la saturación no es exclusiva de la sanidad pública. También en la privada las agendas se llenan y el acceso a terapias se retrasa.

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