Los motivos por los que la Xunta está en contra de la reforma del Reglamento de Costas

El último intento del Gobierno central de modificar el Reglamento de Costas, la normativa que regula las actividades, los usos y los permisos en el litoral, ha reabierto un viejo frente de batalla con la Xunta. Fundamentalmente por una dispar visión sobre la manera de gestionar y proteger la costa que tienen el PSOE y el PP: más conservadurista la izquierda y más liberal la derecha.

Los gobiernos del PSOE han intentado siempre ir un poco más allá en la preservación del litoral, introduciendo restricciones sobre los usos en el dominio público marítimo-terrestre (DPMT), queriendo limitar las concesiones o ampliando los supuestos de ampliación del DPMT, además de aplicar una vigilancia muy rigurosa sobre los permisos de obras y cambios de usos en las construcciones levantadas en la llamada zona de servidumbre de protección, que es una franja de 100 metros de ancho a contar desde la línea de playa que se reduce a 20 en los núcleos urbanos.

Pero la Xunta, por su parte, siempre ha considerado que el Gobierno central ha impuesto un excesivo control sobre el litoral, excediendo incluso las restricciones establecidas por ley y frenando el desarrollo económico en una comunidad marítima como es Galicia al poner trabas a las empresas para trabajar en la ribera o explotar el mar.

En esta guerra, la Administración autonómica llegó a decir que la actitud del Gobierno central ponía en peligro en Galicia a cerca de 4.000 edificaciones, entre ellas 232 empresas, 59 lonjas, 24 depuradoras de marisco y otras tantas gasolineras, 11 mercados municipales y 10 centros de salud que se encuentran en primera línea de mar, dado que se les ponía fecha límite para proseguir con la actividad. También quedaría muy dudosa la continuidad de Ence en la ría de Pontevedra.

Y todo porque la idea es establecer un periodo máximo de estancia en el DPMT, que no podrá superar los 75 años de duración, sumando la primera concesión y las siguientes prórrogas.

Estos temores siguen vigentes, que además son compartidos por, obviamente, los concellos del PP, la Confederación de Empresarios de Galicia y el conglomerado integrado en la llamada cadena mar-industria.

Esta discrepancia total sobre la forma en que el Gobierno central tenía el control sobre la actividad en el litoral es lo que llevó a la Xunta a reclamar las competencias para gestionar la costa directamente. Las leyes y los reglamentos siguen siendo cosa de Madrid, pero Santiago sería la responsable de aplicar esas normas… sin tanto rigor.

Esto también generó otro conflicto, pues Moncloa se opuso inicialmente, pero el litigio llegó al Tribunal Constitucional y Galicia ganó. La consecuencia es que, desde el 1 de julio del pasado año, la Xunta gestiona el litoral, aunque cumpliendo con la legislación estatal, prometiendo una administración más flexible y compatible entre la actividad económica y la protección del medio ambiente.

Ahora, parece que el nuevo Reglamento de Costas tratará de introducir nuevas restricciones sobre las concesiones, alegando que es una obligación impuesta por la Comisión Europea, a lo que la Xunta, de nuevo, ha puesto el grito en el cielo, porque cree que frenará la actividad económica y que la pretensión última de Moncloa es liberar de actividad humana todo el litoral.

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