Conducir a 80 km/h por el centro de Vigo (o Pontevedra) puede pasar de ser solo sanción a enfrentarse a prisión

Circular a 80 km/h por el centro de Vigo o a 190 por la AP-9 o la A-6. Pisar el acelerador hasta alcanzar estas velocidades se castiga en la actualidad como una infracción de tráfico con una multa de 600 euros y la retirada de seis puntos del carné. Pero el PSOE se propone rebajar los umbrales a partir de los que el exceso de velocidad deja de resolverse por la vía administrativa y pasa a convertirse en delito. En consecuencia, quienes se los salten afrontarán un juicio que conllevará desde una multa hasta trabajos en beneficio de la comunidad y, finalmente, la pena de cárcel.

Sea cual sea la condena, el conductor no podrá volver a ponerse al volante entre uno y cuatro años. En la proposición de ley que acaba de presentar en el Congreso, el PSOE plantea modificar el artículo 379.1 del Código Penal para rebajar los límites a partir de los cuales un exceso de velocidad deja de ser una infracción administrativa y pasa a ser delito. La propuesta prevé que en vías urbanas el umbral punible baje de 60 a 50 km/h por encima del límite, y en interurbanas, de 80 a 70 km/h.

Traducido en ejemplos: sería delito alcanzar los 80 km/h en la Avenida de Castelao, Torrecedeira o García Barbón de Vigo o en el casco urbano de Pontevedra; así como circular a 100 km/h en una de las travesías con límite 50 km/h que hay en todo los concellos de Galicia; o llegar a 190 km/h en un trayecto entre Vigo y A Coruña por la Autopista del Atlántico.

Mientras la reforma de la Ley de Tráfico para rebajar la tasa de alcohol y frenar los avisos de controles policiales en carretera sigue bloqueada en el Congreso, el PSOE ha abierto ahora otro frente en materia de seguridad vial: el de los delitos por exceso de velocidad. Se trata de un debate que este periódico ya adelantó a partir de la batalla emprendida por Pilar Rosanes, la madre de Josep, el joven de 20 años que murió en 2020 en una carretera de Dumbría después de que la moto en la que viajaba fuese arrollada por un conductor que invadió el carril contrario a 126 km/h en una curva limitada a 70. Aun así, el responsable no llegó a ingresar en prisión al ser condenado a dos años de cárcel y carecer de antecedentes.

Afincada en Barcelona, aunque de origen gallego, Rosanes convirtió su duelo en una denuncia pública contra una legislación que considera demasiado permisiva con los grandes excesos de velocidad. «Tenemos la maldita ley que hace de este país el paraíso de los delincuentes viales», denunciaba hace un año.

Reacción

Su reivindicación encontró eco en un primer momento en Junts. Su diputada en el Congreso, Marta Madrenas, defendió en marzo de 2025 la necesidad de revisar unos umbrales que califica de «locura» y anunciaba su intención de presentar una iniciativa para rebajarlos. Finalmente, fue el PSOE quien registró este mes de febrero la proposición para modificar el artículo 379.1 del Código Penal.

La reforma propuesta no altera el catálogo de penas. Se mantienen la prisión de tres a seis meses, o la multa de seis a doce meses, o los trabajos comunitarios de 31 a 90 días, además de la retirada del carné de conducir entre uno y cuatro años. Lo que cambia son únicamente los umbrales a partir de los cuales el exceso de velocidad se tipifica como delito. Así, en una vía urbana limitada a 50 km/h, hoy solo se considera delito circular a partir de 110 km/h, y en una zona 30, a partir de 90. «Supone, a todas luces, una permisividad excesiva», recoge la iniciativa.

El PSOE recuerda que la introducción de los delitos de peligro en el año 2007 supuso «un paso decisivo» en la lucha contra la violencia vial, pero entiende que, casi dos décadas después, toca revisar el umbral de velocidad a partir del cual la infracción pasa a ser delito. Los socialistas subrayan que un aumento del 1% en la velocidad incrementa un 4% el riesgo de accidente mortal y advierten de que el 22% de los accidentes mortales registrados en 2024 estuvieron relacionados con una velocidad excesiva o inadecuada.

Añaden que la DGT tramita cada año 3,5 millones de denuncias por velocidad en las carreteras españolas, de las cuales unas 450.000 conllevan pérdida de puntos. A juicio del PSOE, mantener los umbrales actuales resulta «obsoleto» y aleja a España de los estándares internacionales y europeos de seguridad vial. En Francia, por ejemplo, cualquier exceso de velocidad superior a los 50 km/h es considerado delito. n

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