El Servizo de Axuda no Fogar costará hasta 150 millones adicionales en Galicia por la nueva normativa estatal

El Servicio de Axuda no Fogar (SAF) es una de las principales patas del sistema de atención a la dependencia y una prestación que en Galicia supera los 25.000 beneficiarios. Pero todo servicio social es costoso y de ahí el conflicto, resuelto hace un mes, entre la Xunta y los concellos a raíz de su financiación, por el que la Administración autonómica se compromete a asumir un mayor gasto. Sin embargo, las cifras se pueden disparar todavía por una reciente normativa estatal, el Real Decreto 675/2023, que intensifica la acción del SAF. De aplicarse todas sus exigencias, el coste de este servicio se incrementaría hasta unos 150 millones de euros anuales.

Esta es una de las conclusiones del informe A reforma necesaria do financiamento local, elaborado por la Universidade de Santiago de Compostela (USC) para la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), un documento que advierte del desfase entre las crecientes competencias que ejercen los municipios, muchas de ellas impropias, y los recursos de los que disponen.

Lo que hace ese real decreto, fundamentalmente, es reforzar la prestación del servicio de ayuda a domicilio en función del grado de dependencia y de las personas usuarias. Así, las horas mínimas de atención anual se incrementan en un 60% de media, pasando de 20 a 37 horas mensuales en el caso de los dependientes de grado I; de 38 a 64, en los de grado II; y de 65 a 94, en los de grado III. Con los datos de 2024 (que son los que recoge el informe), en Galicia se iría de un SAF con 12,4 millones de horas mínimas anuales a 19,9 millones.

Ya solo con esto y manteniendo constantes el resto de las variables, los autores del informe prevén un «incremento significativo» en el coste y un gran impacto para los concellos, que son la administración que gestiona ese servicio, si bien reciben financiación del Estado, de la Xunta y de los propios beneficiarios.

«El incremento derivado de la intensificación del servicio según el grado de dependencia de las personas usuarias ascendería a aproximadamente 150 millones de euros adicionales. Este sobrecoste deberá ser asumido de manera compartida entre las distintas administraciones implicadas —local, autonómica y estatal—, así como por las propias personas usuarias a través del sistema de copago, aunque la tendencia de los últimos años indica que serán los ayuntamientos los más afectados por este incremento», se recoge en el estudio.

Estos 150 millones, precisa la autora de esta parte del estudio, María Cadaval, serían en el caso de aplicarse en su totalidad las obligaciones recogidas en el real decreto, porque como advierte, la situación de este servicio en Galicia es muy dispar todavía hoy, pues ni se aplica en todo el territorio ni es una prestación que se gestione de manera homogénea. A su criterio, primero habría que corregir estas disfunciones antes de pensar en objetivos más ambiciosos, por lo que entre las principales propuestas de mejora que hace el equipo redactor del informe figura la «estandarización de los servicios y de las condiciones de la prestación» con el fin de garantizar el acceso en condiciones de igualdad y calidad en toda la comunidad.

Porque si algo queda claro en el estudio es la disparidad en la gestión del SAF, un servicio que en Galicia se utiliza muy por encima de la media nacional porque en la comunidad gallega se ha apostado por mantener a los dependientes en el entorno familiar, incluso para las personas con necesidad de apoyo intensivo.

Modalidades de gestión

Este servicio muestra una línea ascendente en el número de beneficiarios… y un modelo donde convive la gestión pública, la privada y la mixta. Pero la segunda es la más requerida.

La mayor parte de los ayuntamientos opta por la gestión externalizada del SAF; es la predominante. Esta es la fórmula mayoritaria en las provincias de Pontevedra (77%), A Coruña (el 58%) y Lugo (50%). Sin embargo, la provincia de Ourense (22%) constituye una excepción, ya que presenta una mayoría de casos de gestión municipalizada (el 63%), evidenciando una apuesta más fuerte por la provisión directa del servicio.

Pero hay más diferencias. En los concellos de menos de 5.000 habitantes, predomina la gestión municipalizada (el 80%), lo que reflejaría una mayor implicación directa de los pequeños municipios en la prestación de los servicios.

En los de entre 5.000 y 20.000 vecinos, se invierte la tendencia. Más de la mitad optan por la gestión externalizada, mientras que la municipal apenas llega al 10%.

La privada también es hegemónica en los ayuntamientos de entre 20.000 y 50.000 habitantes, mientras que en las ciudades que superan los 100.000 vecinos, solo existe la modalidad externalizada.

«Cuanto mayor es el tamaño del ayuntamiento, menor es el peso de la gestión municipalizada y mayor la presencia de la externalización, en ocasiones combinada con modelos mixtos. En el conjunto del territorio gallego, cerca de la mitad de los ayuntamientos gestionan el SAF de forma externalizada, porcentaje que se acerca al 80 % si se incluye también la modalidad mixta, quedando alrededor de un 23 % para la gestión municipalizada», concluye el informe.

Los autores del estudio no pasan por alto el hecho de que aunque la gestión municipalizada tenga una presencia destacada en los ayuntamientos de menor tamaño, su capacidad de cobertura es muy reducida, pues apenas llegan al 16% de las personas usuarias.

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