Un informe alerta sobre el desfase entre la financiación local y las responsabilidades de los concellos gallegos: «Es necesario reformar el sistema»

Los ayuntamientos afrontan en la actualidad una presión creciente en servicios sociales, gestión ambiental o atención a una población cada vez más envejecida con un sistema de financiación diseñado hace más de dos décadas. Esa es una de las conclusiones del informe A reforma necesaria do financiamento local, elaborado por la Universidade de Santiago de Compostela (USC) para la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), que advierte del desfase entre las responsabilidades que ejercen los municipios y los recursos de los que disponen.

El documento, presentado ayer en Santiago, analiza el funcionamiento del sistema de financiación municipal y plantea cambios en los mecanismos de transferencias tanto del Estado como de las comunidades autónomas. El texto, coordinado por el catedrático de Economía Aplicada de la USC, Santiago Lago, sostiene que el modelo actual se apoya en criterios definidos hace más de dos décadas que no reflejan la evolución de los servicios que prestan los ayuntamientos ni las nuevas demandas sociales.

«Es necesario reformar un sistema de financiación en la participación en los ingresos del Estado que lleva más de 20 años, con desequilibrios que es necesario corregir», defendió el presidente de la Fegamp, Alberto Varela, antes de la presentación del informe.

El también alcalde de Vilagarcía subrayó que la realidad municipal ha cambiado de forma notable desde la implantación del modelo actual. «Los ayuntamientos de ahora no tenemos absolutamente nada que ver con los de hace 20 años. Hay problemas diferentes y competencias diferentes», afirmó. En este sentido, reclamó revisar los criterios de reparto de recursos tanto estatales como autonómicos y actualizar la cuantía global de la participación municipal en los ingresos del Estado. Además de abordar la necesidad de los concellos de tratar las normas de estabilidad, la regla de gasto y «la posibilidad de utilizar los remanentes incluso para gasto corriente, para atender las necesidades que tenemos para dar un buen servicio público», como explicó Alberto Varela.

El catedrático de Economía Aplicada de la USC, Santiago Lago, explicó, por su parte, que el sistema actual no incorpora mecanismos de nivelación territorial comparables a los que existen en la financiación autonómica. «Igual que cuando hablamos de financiación autonómica hay mucha nivelación, es decir, la Xunta tiene más recursos por habitante que la Generalitat de Cataluña, en el caso de los ayuntamientos no es así», señaló. Según indicó, en sentido contrario al nivel autonómico, un municipio catalán dispone de media con más recursos por habitante que uno gallego.

Presión creciente

Uno de esos servicios que asumen los concellos y cuentan con una presión creciente, en este caso debido al progresivo envejecimiento de la población gallega, es el del Servizo de Axuda no Fogar. Un servicio que las entidades locales llegaron a financiar, según estima el informe, en un 26% en 2024 cuando la Ley de Dependencia les exime de ello.

El documento examina también el impacto financiero de la gestión del agua y de los residuos, servicios que afrontan nuevas exigencias regulatorias y ambientales, planteando avanzar hacia modelos de tarifas que reflejen con mayor fidelidad los costes reales que asumen los concellos al prestar dichos servicios, permitiendo garantizar la sostenibilidad económica de los mismos.

Otro de los apartados analiza el informe y en el que Santiago Lago hizo hincapié durante la presentación del informe es el efecto del turismo sobre las cuentas municipales. Según explicó el catedrático de la USC, la actividad genera ingresos fiscales relevantes que no repercuten directamente en las haciendas locales. «El turismo lleva un problema de fondo, que no repercute en las arcas locales», afirmó. Es por ello que Lago puso en valor la tasa turística creada a nivel autonómico y propuso «varios caminos posibles» para avanzar en esa línea. Así, en primer lugar propuso como ejemplo que la Xunta recaude y reparta vía transferencias una parte del impacto positivo que tiene el turismo en las cuentas autonómicas y que, conforme indicó, se nota en el IPRF y en el IVA pero «que no llega a las arcas locales». «Por lo tanto si diseñamos un sistema de transferencias de ese impuesto gestionado y aplicado en el conjunto el país, pues sería una solución», apuntó Lago, que sentenció que «la capacidad de los ayuntamientos tiene que ser mayor».

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