Las familias de acogida en Galicia tendrán prioridad para adoptar a los menores a su cargo

Desde este lunes la Xunta trabaja en la elaboración de la primera Lei da infancia e adolescencia de Galicia, que, entre otras novedades, permitirá que las familias de acogida puedan adoptar a los menores a su cargo siempre que los técnicos avalen la decisión. Se trata de una demanda histórica del sector, que encaja en el objetivo del Ejecutivo autonómico de seguir promoviendo el apoyo familiar como la principal forma de protección de los niños y niñas de la comunidad cuando no puedan vivir con su familia de origen.

Así lo han informado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello de Goberno el presidente gallego, Alfonso Rueda, y la conselleira de Política Social, Fabiola García, que destacaron la protección de los derechos de los menores como el objetivo principal de la futura norma.

Hasta ahora, según han explicado, no había en la comunidad una ley específica propia dirigida a la infancia y a la adolescencia, y todas las novedades y modificaciones normativas que afectaban a este grupo de la población se fueron incluyendo a lo largo de los años en otras leyes autonómicas, como la Lei de apoio familiar de 2011 o la Lei de impulso demográfico de 2021. Esto cambiará con el nuevo texto que la Xunta está preparando que, entre otras cuestiones, aborda la protección, la garantía de los derechos y el régimen de infracciones y sanciones en materia de infancia en la comunidad. «El objetivo es que Galicia disponga a partir de ahora de una ley moderna, adaptada a las nuevas realidades sociales de nuestra comunidad y, sobre todo, una ley que ponga siempre el foco en la infancia» y que ponga a la infancia «en el centro de actuación de todas las administraciones», ha señalado García.

A renglón seguido pasó a citar las novedades más destacadas que se incluirán en el anteproyecto de la noma, empezando por una de las metas del Ejecutivo autonómico: potenciar el apoyo familiar como una «fórmula prioritaria de protección» de los menores cuando estos no puedan vivir con su familia de origen. Galicia, ha explicado, es la segunda comunidad autónoma con mejor ratio en lo que al apoyo familiar respecta, gracias a la solidaridadd» de 928 familias que acogen en sus casas a 1.121 menores, y el objetivo es seguir promoviendo estos programas para que «todos los niños y niñas de Galicia» y «especialmente los menores de 6 años» tengan «la oportunidad de crecer en un hogar».

En esta línea, y respondiendo a una de las «reclamaciones históricas» del sector y de las propias familias, la futura ley permitirá que los menores puedan permanecer en su hogar de acogida si se decide iniciar el proceso de adoptación, a través de la denominada doble valoración —que una misma familia pueda ser valorada tanto para acoger como para adoptar». Hasta ahora, «las familias o acogían o adoptaban y no era posible transitar de un proceso a otro», pero con esta modificación normativa, si la Xunta decide iniciar el proceso de adopción, y siempre que el personal técnico de menores de lo considere conveniente, «se dará prioridad a que el niño o niña permanezca con su familia acogedora», evitando así otra ruptura abrupta de los vínculos familiares.

En esta línea, también se creará por primera ver un registro de familias acogedoras y adoptivas para «mejorar el control y el manejo de los datos»; y se regularán «todos los tipos de medidas de protección a la infancia», como tutelas o guardias, permitiendo mejorar la colaboración entre administraciones. Cabe recordar que la Xunta es la que tiene competencias de actuación en casos de riesgo grave o desamparo del menor, que recae en los ayuntamientos en caso de riesgo leve. «Esta ley permitirá reforzar ese trabajo conjunto de las administraciones», ha señalado la conselleira.

De este modo, en vez de centrarse en la mera cobertura de las necesidades de los menores, esta ley supondrá «un cambio de paradigma en la defensa de la infancia», al poner el foco en la idea de «garantizar los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes desde que nacen, tal y como establece la Convención de los Derechos del Niño de 1989».

Esta misma semana se abrirá el proceso de consulta pública para que, en un plazo de 15 días, todas las entidades sociales de Galicia y aquellos particulares que lo deseen puedan presentar sus propuestas, con el objetivo de que sea una norma participativa desarrollada de la mano con el sector. El objetivo, ha indicado la conselleira, es poder llevarlo al Parlamento de Galicia en el segundo semestre de este año.

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