Pontevedra acumula más de un año de retraso en informes para obras con protección estructural o medioambiental

Un vecino pide licencia para rehabilitar una vivienda tradicional; un promotor quiere consolidar un hórreo o intervenir en un inmueble con protección ambiental. No estamos hablando de yacimientos arqueológicos ni de Bienes de Interés Cultural (BIC), sino de inmuebles construidos y bienes etnográficos con protección estructural o medioambiental. Aun así, el resultado práctico se parece demasiado en muchos concellos: expedientes que se eternizan, presupuestos que caducan y obras que se encarecen mientras se espera un informe. Y, en no pocos ayuntamientos pequeños, la pregunta clave ni siquiera es «cuándo», sino «quién»: no hay arquitecto municipal y la última reforma legal gallega no dejaba claro qué perfil técnico debía asumir los informes.

Fuentes próximas a la tramitación en Pontevedra apuntan a que, en la práctica, numerosos expedientes superan ampliamente el año de espera, especialmente cuando requieren informes sectoriales o aclaraciones técnicas adicionales. El problema, explican, no es solo el volumen —cada año más de 30.000 expedientes en toda Galicia, con un tiempo de espera aproximado de entre seis y 12 meses, dependiendo de la provincia, la tipología o la afectación del elemento, según aclaró recientemente la Consellería de Cultura—, sino la acumulación histórica y la falta de personal especializado en ciertos momentos.

Agilidad sin perder el rigor

A ello se suma la heterogeneidad del patrimonio gallego: desde arquitectura popular dispersa en el rural, o ubicada en espacios protegidos, hasta conjuntos urbanos con protección ambiental, lo que obliga a un análisis caso por caso y dificulta la estandarización de criterios. Galicia cuenta con uno de los patrimonios etnográficos más extensos de Europa, con miles de hórreos, petos de ánimas, cruceiros, pazos, iglesias y viviendas tradicionales, que son parte de la identidad territorial.

Con ese telón de fondo, la Xunta y el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) pactaron esta semana una vía de colaboración para resolver dudas a los ayuntamientos tras los cambios introducidos en la Ley 5/2016 del Patrimonio Cultural. El acuerdo se fraguó en una reunión entre el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, y el decano del COAG, Luciano Alfaya, con el director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes, y la vocal de Urbanismo del Colegio, Natalia Alvaredo.

La citada reforma legal, orientada precisamente a descargar a la Administración autonómica de determinados informes para que puedan emitirse en el ámbito municipal, ha generado inquietud en los servicios técnicos locales. Muchos concellos comparten personal con otras entidades y carecen de arquitectos, lo que complica asumir nuevas competencias sin refuerzos paralelos.

Patrimonio asume la tutela

El encuentro con el COAG buscaba acotar responsabilidades y clarificar en qué supuestos el informe corresponde al técnico municipal y en cuáles debe intervenir directamente la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. La agilidad no puede lograrse a costa de la seguridad jurídica ni de la coherencia en criterios de protección, explicaron.

Además, el COAG trasladó su importante preocupación por la incertidumbre generada en los servicios técnicos locales y, a su vez, por cierto riesgo de desprotección del Patrimonio gallego, si el traslado de cargas no va acompañado de recursos. La Consellería defendió que el objetivo de la reforma es «agilizar y desburocratizar» sin rebajar la tutela. De hecho, López Campos ha reconocido públicamente que los tiempos de espera eran un problema —hasta doce meses— y que la adaptación busca aliviar esa presión.

La Xunta insistió en que seguirá elaborando los informes que no puedan emitirse desde los concellos, ya sea por falta de arquitecto municipal o por no contar con un catálogo municipal actualizado (que en muchos casos va ligado a la existencia de ordenación municipal), y reiteró que la «responsable última» seguirá siendo la Administración autonómica.

Ese matiz resulta esencial en un escenario en el que muchos municipios pequeños carecen de planeamiento adaptado o de inventarios patrimoniales detallados. Sin catálogo actualizado, la determinación del grado de protección y de las intervenciones permitidas puede resultar ambigua, lo que obliga a recabar el criterio autonómico para evitar futuras impugnaciones. La Xunta subraya que, en esos casos, la tutela no se diluye: la competencia última y la garantía de protección siguen residiendo en Patrimonio.

Para aterrizar el cambio en el día a día, Cultura y arquitectos prepararán acciones formativas por toda Galicia para unificar criterios y mejorar la calidad de los informes. La Xunta trasladó también su interés por realizar un nuevo, y más preciso, Catálogo de Patrimonio Cultural de Galicia en el que también contará con el Colegio profesional. Ahí también, la actualización del catálogo se presenta como una pieza estratégica para reducir la conflictividad y los tiempos de tramitación.

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