La Xunta incoa las sanciones más altas de la historia por infracciones de consumo: 16 millones de euros en 2025

Hay dos sectores que año tras año repiten como la diana que más reclamaciones acumulan presentadas por los consumidores. Son los referidos a las telecomunicaciones y a la energía. Eso no cambia, como tampoco lo ha hecho en 2025. Pero lo que sí ha variado, y además notablemente, es el importe de las multas que promueve la Xunta en sus expedientes sancionadores en materia de consumo. La cantidad propuesta alcanzó los 16 millones de euros, diez más, por ejemplo, que en 2024, y convirtiéndose en la más alta de la historia.

La razón no es que el Instituto Galego do Consumo e da Competencia haya abierto las compuertas para realizar inspecciones masivas y expedientar indiscriminadamente. De hecho, los procedimientos de infracción impulsados durante el pasado año son hasta un poco inferiores a los registrados en ejercicios anteriores.

Fueron, según la información facilitada por la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, 1.213, cuando en 2024 se llegaron a los 1.254; en 2023, a los 1.425; o en 2022, a los 1.414.

Lo que ha sucedido es que a través de la ley 23/2022 se ha reformado la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras para incrementar la cuantía de las sanciones, estableciendo la más alta en un millón de euros para las infracciones muy graves, con la premisa de que la imposición de multas deberá garantizar, en cualquier circunstancia, que la comisión de una falta no resulte más beneficiosa para la parte infractora que el incumplimiento de las normas infringidas.

«Este incremento se va notando paulatinamente con el paso de los años», indican fuentes de la Consellería de Emprego. De ahí que el pasado año el montante global de las sanciones propuestas llegara a los 16 millones de euros, por los 6,5 de 2024. Un año antes, en 2023, se alcanzaron los 11,6 millones, y en 2022, los 13,3 millones. En 2021 apenas se llegó a los 7 millones.

El sector con el mayor número de expedientes sancionadores abiertos en materia de consumo el pasado ejercicio fue el de la electricidad y la energía, con 215 procedimientos incoados por más de 6,5 millones de euros.

Sin embargo, la rama que más quejas ha suscitado entre la población es la de telecomunicaciones. La Xunta tramitó el pasado año 3.625 reclamaciones contra las operadoras y proveedoras de servicios. En todo caso, ha sido un número bastante inferior a los registrados en 2024 (4.136), 2023 (5.248), 2022 (5.555) o 2021 (4.954).

El total de reclamaciones atendidas y cursadas contra las empresas por el Instituto Galego do Consumo fue de 19.091, una cifra más contenida que la de años anteriores. Tras el de las telecomunicaciones, los sectores que más descontento generan entre la población son los de la energía (2.778), automoción (1.119), comercio electrónico (1.096) o servicios de turismo y ocio (1.007).

Uno de los que ha desaparecido de los primeros puestos es el de la banca, pues de la tercera posición que tenía en 2024 con 1.326 reclamaciones impulsadas por la Xunta tras atender las quejas ciudadanas, ahora ha pasado al séptimo puesto, con 778.

Aparte de tramitar reclamaciones e incoar expedientes sancionadores, Consumo ejerce una labor de información: en 2025 sus técnicos atendieron más de 38.000 consultas de ciudadanos y otra vez la facturación de la luz se hizo notar, pues fue objeto del 27% de las solicitudes de aclaraciones realizadas. Casi doblaron en número (10.395) a las consultas sobre telefonía (5.907).

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