Galicia rebaja la temporalidad del empleo público pero casi triplica la tasa fijada por ley

Cuatro años después de entrar en vigor la Ley de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, los resultados son agridulces. Las administraciones gallegas han logrado rebajar en 6,4 puntos la tasa de interinidad de sus plantillas hasta cerrar 2025 con un porcentaje de trabajadores temporales del 22,4%. Sin embargo, se han quedado aún lejos del objetivo fijado en la normativa estatal de situar este indicador por debajo del 8 por ciento. Y, aunque es la tasa más baja de la década, sigue siendo superior a la que había en el periodo 2011-2015 y, además, duplica a la que existe en el sector privado.

Xunta, concellos, diputaciones y administración central dan trabajo en Galicia a 215.100 personas, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). De ellos, casi 167.000 (el 77,6%) son indefinidos, mientras que hay 48.300 temporales (el 22,4%). Esta es la fotografía final que queda tras la convocatoria de los procesos de estabilización de plazas impulsados a raíz de la ley que entró en vigor en diciembre de 2021 —si bien en algunos casos alguno de los empleados que consiguieron un puesto fijo en estas oposiciones aún están pendientes de tomar posesión de la plaza—.

Esta ley estatal fue promovida en respuesta al tirón de orejas de la UE a España por el abuso de temporalidad en el empleo público. De hecho, el Gobierno español se enfrente a dos procedimientos de infracción por esta causa. En Galicia, antes de la entrada en vigor de la ley de estabilización, la tasa de eventualidad rozaba el 30%.

Estabilización

Con la normativa que entró en vigor en diciembre de 2021 se fijaba el objetivo de reducir la temporalidad al 8% y para ello las administraciones debían convocar procesos de selección para convertir a eventuales en indefinidos. En algunos casos, los de aquellos empleados de más antigüedad, esta fijeza se conseguía simplemente superando un concurso de méritos y sin necesidad de examen. Se dio de plazo hasta diciembre de 2024, pero la complejidad de alguno de estos procesos hizo que se alargaran algo más de lo previsto.

En Galicia, desde la entrada en vigor de la ley, el número de empleados públicos indefinidos aumentó en 28.700 mientras que la cifra de temporales bajó en 7.700 (casi un 14% menos en relación a 2021). Son unas cifras que están lejos del objetivo del 8 por ciento, pero, en todo caso, no es un problema exclusivo de la comunidad autónoma. En España la eventualidad se sitúa en el 26,8 por ciento. Las administraciones gallegas no solo están ligeramente por debajo, sino que fueron las quintas del Estado en las que más disminuyó el porcentaje de interinos.

En todo caso, esta alta temporalidad en la administración pública, que debería ser modelo de empleo, contrasta con la del sector privado. La reforma laboral que entró en vigor en 2022 ha desplomado la eventualidad en las empresas, pasando del 22,9% en 2021 a solo el 10,2% actual, menos de la mitad del porcentaje de interinos que existe en el ámbito público en Galicia.

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