Se acabó la estabilización extraordinaria de plazas en la Xunta: sacar nuevas convocatorias exigirá una ley

La Ley de Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público obligó a las administraciones a lanzar procesos para estabilizar plazas y reducir así la eventualidad por debajo del 8 por ciento. Pero el plazo para convertir a los interinos en fijos ha vencido y España, y también Galicia, sigue lejos de cumplir el objetivo exigido por la UE. Desde la Consellería de Facenda no contemplan, de entrada, nuevas convocatorias. La Xunta aclara que fue algo «extraordinario» y que si quisieran ampliar la estabilización, sobre todo mediante el sistema de concurso de méritos, necesitarían el amparo de «una norma con rango de ley».

Facenda convocó en diciembre de 2022 un total de 210 procesos de estabilización, 151 por el sistema de concurso (sin necesidad de examen), y 49 mediante concurso-oposición. Actualmente, está publicada la relación de personas aprobadas de un total de 206 convocatorias. Los restantes cuatro procesos quedaron desiertos.

La previsión inicial era convertir en fijos a unos 5.700 interinos, pero la Xunta no ofrece aún el dato final de empleados estabilizados ni de cómo quedará la tasa de temporalidad en la Administración autonómica tras estos procesos. «Lo calcularemos cuando finalice la elección de destino», explican.

El problema, según aclaran, es que la toma de posesión se está alargando porque la elección de destino está condicionada por «varios procesos de movilidad del personal empleado público que afectan a distintos cuerpos y escalas y que se están tramitando simultáneamente», por lo que aún no ha finalizado.

Medidas impulsadas desde el Gobierno

Mientras, desde el Gobierno buscan alternativas con las comunidades autónomas y los ayuntamientos para continuar reduciendo la temporalidad en el empleo público. Así, plantean la elaboración de planes estratégicos de personal que incluyan una evaluación y programación de las necesidades de plantilla a varios años vista.

Entre las medidas que baraja el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública se incluye establecer una definición legal más estricta de la causalidad de las contrataciones temporales que reduzca el atractivo de recurrir a eventuales y desincentive así la temporalidad en el sector público.

Se propone también que los organismos públicos lleven a cabo un registro exhaustivo de los trabajadores temporales que tienen en su plantilla, que incorpore una alarma que saltaría cuando los contratos temporales estén próximos a su fin. Si maniobraran para prolongar esas contrataciones eventuales, se les aplicarían sanciones disciplinarias.

Pero para reducir la temporalidad el Gobierno es consciente de que también necesitará agilizar los procesos selectivos. En ocasiones, hace falta cubrir una plaza, pero las oposiciones suelen alargarse durante años.

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