La Xunta tumba el megaproyecto de Altri por falta de conexión eléctrica

Tras años de controversia que situaron a la planta de fibras textiles de Altri en Palas de Rei (Lugo) en el centro del debate político y social, la Xunta ha iniciado el procedimiento para archivar el proyecto de la multinacional portuguesa.

Anunciado en 2022, planteaba una inversión cercana a 1.000 millones de euros sobre 366 hectáreas y prometía 2.000 empleos directos, pero generó protestas masivas y un amplio rechazo ciudadano que reclamó la retirada de la iniciativa por su impacto ambiental, territorial y energético.

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, explicó este viernes que la empresa dispone de tres meses para justificar técnicamente la conexión eléctrica necesaria, sin la cual el expediente caducará automáticamente. Subrayó que la decisión se ajusta a criterios técnicos y legales y que la Xunta actuó «con coherencia y responsabilidad», priorizando la planificación estatal y la seguridad jurídica frente a un proyecto que, según la conselleira, no contaba con respaldo suficiente para garantizar su ejecución.

Recordó que Altri obtuvo declaración de impacto ambiental favorable en 2025, pero fue excluido de fondos europeos PERTE por no cumplir los requisitos de descarbonización ni los plazos exigidos. Además, el Gobierno central denegó la subestación eléctrica necesaria, priorizando otras zonas como los puertos de A Coruña y As Pontes, lo que hacía inviable la planta sin una conexión concreta. Lorenzana insistió en que la Xunta actuó dentro de sus competencias y aseguró que la medida es un ejemplo de «responsabilidad en la planificación industrial de Galicia».

Reacciones

Nada más conocerse la noticia, las reacciones políticas no tardaron. La portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Ana Pontón, calificó el archivo como «un gran triunfo da cidadanía» y «a derrota dun Gobierno que só ofrecía franquismo industrial». Destacó que la movilización social demostró su capacidad para influir en decisiones de gran alcance y defendió que la Xunta debía priorizar los intereses de la ciudadanía sobre los de la empresa.

Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ve la caída de Altri como «un gran éxito para Galicia y el gran fracaso industrial de Rueda». La marcha atrás de la Xunta, dijo, fue consecuencia directa del «triple no» del Gobierno central: a los PERTE de descarbonización, a ayudas extraordinarias y a la planificación eléctrica, que impedía la conexión a la red.

Además, anunció acciones judiciales para esclarecer los compromisos adquiridos por la Xunta y solicitó la creación de una comisión de investigación en el Parlamento con comparecencias de Rueda, Feijóo y Francisco Conde. Rechazó el «relato del miedo» del PP y negó que el archivo deje sin futuro industrial a Lugo o Galicia, señalando que evidencia «la ausencia de una verdadera política industrial».

Movimiento Sumar Galicia celebró el archivo como «una victoria de la movilización popular frente a la enésima traición del PP a Galicia» y reclamó al Ejecutivo autonómico que impulse una política industrial verde, planificada y sostenible, que genere empleo sin comprometer el territorio.

La Plataforma Ulloa Viva —constituida como una forma de oposición a la planta de Altri en Palas— solo puede sentir «alegría, cautela y cierta rabia». «Durante los últimos cuatro años hubo muchas mentiras», expresa Marta Gontá, portavoz de la asociación, y por ello pide mantener prudencia. Y aunque celebra frenazo al proyecto en la comarca de A Ulloa, no puede dejar de expresar su «rabia» porque considera que «contar o no con una subestación eléctrica» no debería ser el único motivo para paralizar el plan, sino «su impacto negativo en la población, el medioambiente y la salud».

Además, varias organizaciones ecologistas, como Greenpeace o Alianza Verde, también han celebrado el anuncio. Sin embargo, inciden en actuar «con cautela, porque con los poderes económicos nunca se sabe».

Muy distinta es la opinión que expresa la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG). Su presidente, Juan Manuel Vieites, advirtió a preguntas de este medio que la falta de capacidad en la red eléctrica limita la atracción de inversiones estratégicas y frena proyectos vinculados a la transición energética y la reindustrialización. Subrayó la necesidad de reforzar las infraestructuras para garantizar competitividad y empleo.

La empresa habla de «criterios políticos»

Greenfiber, filial de Altri y promotora del proyecto GAMA, cuestionó la exclusión de la iniciativa de la planificación eléctrica y atribuyó la medida a criterios políticos y no técnicos. La compañía afirmó que no recibió «ninguna explicación técnica que justificase esa exclusión» y que sus alegaciones al plan de red no han obtenido respuesta.

Al margen de la planificación estatal, Greenfiber estudia alternativas para lograr la conexión eléctrica: «Actualmente, la empresa se encuentra analizando diferentes opciones técnicas para la conexión a la red eléctrica, independientemente de la planificación futura de Red Eléctrica Española».

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico explicaron que la Planificación Eléctrica 2025-2030 se elaboró con criterios técnicos, considerando la complejidad del territorio y sus condicionantes económicos, sociales y ambientales. Atender la demanda del proyecto de Altri habría requerido construir una infraestructura específica que podría haber quedado sin uso, con coste a cargo de los consumidores.

El Ministerio distingue este caso de otras ampliaciones previstas en Galicia, como en los puertos de A Coruña o As Pontes, donde múltiples proyectos aseguran el aprovechamiento de los refuerzos previstos. Además, recuerdan que la nueva planificación permitirá duplicar la demanda punta gallega hasta 2030.