El Gobierno impulsa una reforma exprés para limitar las concesiones en la costa antes del verano y evitar así la condena de la UE

El Gobierno ha pactado con la Comisión Europea impulsar antes del verano una reforma exprés del Reglamento de Costas para que las concesiones en dominio público marítimo-terrestre se otorguen previo concurso público y no se permita su prórroga automática. En el anterior reglamento, anulado por sentencia, se establecía una duración máxima de estas autorizaciones de 75 años, contando desde el momento inicial de la aprobación y sumando todas las renovaciones posteriores, lo que podría poner en peligro en Galicia cerca de 4.000 edificaciones, según los datos de la Xunta.

El plazo para presentar alegaciones a la modificación del Reglamento de Costas finaliza hoy y ante la alarma generada y el rechazo manifestado por la Xunta, el Gobierno justifica su decisión en que trata de evitar el procedimiento sancionador activado por la Comisión Europea. Fue en abril de 2021 cuando la UE abrió un expediente contra España por permitir que las concesiones para la ocupación del dominio público —la primera línea de mar en la que se asientan industrias, pero también viviendas, lonjas, depuradoras o centros de salud— se concedan sin concurrencia competitiva y se prorroguen automáticamente. En febrero de 2023, tras considerar insuficientes las explicaciones del Gobierno español, la Comisión Europea activó el procedimiento sancionador.

Hubo ya un intento de reformar el Reglamento de Costas, pero fue paralizado por una sentencia del Tribunal Supremo, así que en diciembre de 2024 la Comisión Europea dictaminó que «el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben». Desde entonces, según argumentan, desde el Gobierno han estado en conversaciones con Bruselas. La última reunión tuvo lugar este mes de enero de 2026. En este encuentro se trasladó a los responsables de la UE que «es parlamentariamente imposible» aprobar las modificaciones tanto de la Ley de Costas como de la Ley 2/2013, que incumplen las directivas europeas debido a que no tiene mayoría en el Congreso y le resultaría complicado llegar a un acuerdo con el resto del arco político. Sin embargo, el Ejecutivo español se comprometió a reformar el Reglamento General de Costas «para que no se puedan tramitar concesiones sin concurso previo».

Acuerdo

Ante el compromiso adquirido por el Gobierno, la Comisión Europea decidió paralizar el procedimiento sancionador, pero le dio de plazo este verano. Si esa reforma no sale adelante se retomará el expediente contra España. Y, en todo caso, desde Bruselas se insiste en que para archivar definitivamente el acta de infracción será necesario acometer la modificación de la Ley de Costas y la Ley 2/2013.

Según aclaran desde el Ejecutivo central, la reforma del Reglamento de Costas tiene por objetivo «corregir aquellos aspectos de la duración, tramitación, otorgamiento, gestión, prórroga y extinción de los títulos de ocupación del dominio público que la Comisión Europea considera no conformes» con la Directiva de Servicios.

Frente de comunidades

Desde la Xunta denuncian que se quiere acortar la duración de las concesiones. Si en la actualidad se pueden conceder prórrogas por 75 años, desde la Consellería de Medio Ambiente apuntan a que el Gobierno quiere limitarlas a 30. Y, en todo caso, tal y como establecía el anterior reglamento anulado por sentencia, para las autorizaciones que están vigentes la duración máxima será de 75 años, incluyendo las renovaciones.

En opinión del Ejecutivo gallego, esta reforma del Reglamento de Costas quiere «eliminar cualquier vestigio de presencia humana en el litoral antes de 2050». Y ya ha empezado a moverse para impedir que «se limite la propiedad privada, económica e industrial en dominio público». Así, ha conformado un frente con otras nueve comunidades autónomas con las que creará un grupo de trabajo que «diseñe con rigor y de forma coordinada» la nueva Ley de Costas y tenga en cuenta tanto los aspectos medioambientales como los económicos y sociales.

La secretaria xeral técnica de la Consellería de Medio Ambiente, Carmen Bouso, y la directora xeral de Enerxías Renovables, Paula Uría, mantuvieron ayer un encuentro en la Casa de Galicia de Madrid con representantes de otras autonomías costeras. La Xunta teme que el Gobierno busque con esta reforma del Reglamento de Costas «restringir los usos del litoral y acortar la duración de las concesiones en dominio público». Reclamaron además que se amplíe el plazo de consulta pública previa, ya que reducirlo a solo 15 días «limita su capacidad de respuesta».

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