El Congreso debate la equiparación entre dependencia y discapacidad mientras mantiene el recurso contra Galicia

El pasado 30 de septiembre, el Gobierno central presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el plan de choque de dependencia de la Xunta, por el que se concede de forma automática el reconocimiento de la discapacidad y los beneficios sociales y fiscales que con él vienen a las personas según su grado de dependencia. Fue admitido a trámite el 30 de enero, y desde entonces se ha paralizado el proceso, que según la Xunta afecta de forma directa a unas 2.600 personas. Pero lejos de ser una cuestión de fondo, los motivos son formales. De hecho, el propio Gobierno está de acuerdo con la asimilación entre la dependencia y la discapacidad, para lo que está promoviendo un proyecto de ley con esta misma finalidad y de alcance estatal, pero con una diferencia clave: la tributación. 

Para el Gobierno, el plan gallego invade competencias estatales en materia de Seguridad Social e Igualdad y también en el régimen económico. En contraposición, está promoviendo un proyecto de ley que también vincula la discapacidad y la dependencia, pero que explicita que esto no será de aplicación en el ámbito tributario. El texto se sometió a votación en el Congreso de los Diputados el pasado 12 de febrero, y con un apoyo unánime (338 votos a favor y 6 abstenciones), ahora se debatirá en el pleno. 

Concretamente, en el proyecto de ley se reconoce la necesidad de «abordar la asimilación entre los grados de dependencia y discapacidad», al entender que «no hay ninguna duda de que una persona que se encuentra en situación de dependencia es reconocible, de forma automática, como persona con discapacidad». Según el texto, el grado I de dependencia se correspondería con un 33% de discapacidad y el II y el III con un 65%, porcentajes similares a los aplicados en la comunidad. 

De este modo, la principal diferencia recae en el ámbito económico. En Galicia, esta equiparación automática de la dependencia y la discapacidad permitía acceder a ventajas fiscales en el IRPF y otros impuestos. Mientras, el proyecto de ley del Gobierno central refleja explícitamente que esta asimilación no será de aplicación en el aspecto tributario, por lo que solo surtirá efecto en los ámbitos previstos en la ley, como el acceso a derechos y prestaciones del propio sistema o los criterios de inclusión en sectores específicos. Así, las personas con dependencia a las que, de aprobarse la ley, se les reconozca la discapacidad, no podrían acceder a los beneficios fiscales asociados.

Ante esto, desde la Xunta critican que la paralización del plan responde a un afán recaudatorio, puesto que al contabilizar tan solo las 12.600 personas que ya recibieron la valoración de discapacidad asociada a la dependencia en el primer año de aplicación, estiman que el Gobierno central dejó de recibir 114 millones de euros (a razón de 9.000 euros por persona). 

Algo similar ha ocurrido en Cantabria, donde se estaba llevando a cabo un plan similar de equiparación entre la dependencia y la discapacidad que también ha sido paralizado, y donde el Gobierno autonómico también ha criticado una presunta motivación recaudatoria. 

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