La Xunta amplía el plazo a los propietarios de 150.000 hectáreas de monte para que paguen sus deudas

La Xunta gestiona casi 230.000 hectáreas de monte privado mediante convenios o consorcios, figuras ya desfasadas creadas a partir de los años cincuenta por las que la Administración asumía los gastos de las labores de reforestación de estos terrenos a cambio de quedarse con los ingresos obtenidos con la venta de madera. Sin embargo, el Gobierno gallego no recuperó la totalidad de las inversiones. Su intención es devolver la gestión de estas propiedades a sus dueños, en su mayoría comunidades de montes, pero para ello les reclama el pago de la deuda pendiente. La Organización Galega de Comunidades de Montes advierte de que esto afecta a unas 150.000 hectáreas. Según sus cálculos, la cuantía que tiene pendiente de pago cada mancomunidad oscila entre los 15.000 y los 165.000 euros.

Si no son capaces de pagarla, no podrán recuperar la gestión del monte y quedan obligados a suscribir los nuevos contratos públicos que la Xunta pondrá en marcha para continuar gestionando estas propiedades forestales. Esta cancelación de los antiguos convenios y consorcios y el pago de la correspondiente deuda tenía ya que haberse producido, pero la Consellería de Medio Rural ha aplicado sucesivos aplazamientos. Y este año lo ha vuelto a hacer: las comunidades de montes tendrán dos años más de plazo para reintegrar lo que deben: hasta diciembre de 2027.

Medio Rural justifica esta ampliación de plazo porque el decreto que aprobará el reglamento que regirá los nuevos contratos temporales de gestión pública de los montes está aún tramitándose. Esta nueva normativa prevé un periodo de un año para que los titulares de las propiedades forestales, que actualmente tienen suscrito un convenio o un consorcio con la Administración, puedan tomar decisiones sobre si recuperan la gestión o la siguen cediendo a la Xunta.

Nuevos contratos

Estos nuevos contratos establecen un periodo temporal de cesión del monte a la Administración autonómica de 10 años. La idea es que la Xunta adelante las inversiones necesarias para ordenar el monte y gestionarlo. Los propietarios deberán devolver esos anticipos cuando perciban los beneficios de la explotación. Eso sí, no tendrán que reintegrar todo el dinero, pues se beneficiarán de ayudas que cubrirán entre el 50 y el 80% de los fondos invertidos. No son, por lo tanto, tan rígidos como los convenios o los consorcios que obligaban a los propietarios a devolver un mayor porcentaje de las inversiones. En 2018 la deuda de las comunidades de montes con la Xunta ascendía a 42 millones de euros, pero desde entonces Medio Rural no ha vuelto a actualizar el dato.

La Xunta llegó a acumular una superficie considerable de montes bajo su gestión para evitar su abandono. Pero en los últimos años se propuso avanzar en la devolución de estas propiedades a sus titulares. En la última década, rescindió los convenios o consorcios de 650 montes que suman 95.000 hectáreas.

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