La Xunta alega contra el nuevo Reglamento de Costas: «Limita las competencias recién asumidas»

Dos semanas después de que el Gobierno central abriera el procedimiento para revisar el Reglamento de Costas con el objeto de limitar la duración de las concesiones en primera línea de mar, endurecer las condiciones para instalar un negocio o flexibilizar los criterios para aumentar la zona de máxima protección, la Xunta se ha lanzado a crear en Galicia un frente contra esta pretensión en el que pretende meter al sector mar-industria y a los alcaldes del litoral para que se unan a la ofensiva de la Administración autonómica.

Para el Ejecutivo gallego, este intento del Ministerio para la Transición Ecológica es de «especial gravedad» porque se hace después de que la comunidad autónoma asumiera —el pasado día 1 de julio— la gestión de los usos y la actividad en el litoral. «Estas competencias se verían claramente limitadas», ha expuesto el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras un Consello en el que se aprobaron, precisamente, las alegaciones que presentará Galicia contra esta reforma normativa.

El deseo del Ejecutivo gallego es frenar la iniciativa del Gobierno central, que promovió, aunque sin éxito, esta reforma en los años 2018 y 2024. En este último, el Tribunal Supremo la anuló ya cuando estaba aprobada por saltarse un procedimiento de información pública que ahora sí se está respetando.

En la explicación de las alegaciones, Rueda sostiene que el Ministerio para la Transición Ecológica emprendió la revisión «por la puerta de atrás, sin previo aviso y sin convocar antes a las comunidades autónomas».

Ha añadido que además teme que primero se reforme el reglamento, para lo que no hace falta una mayoría en el Congreso, y que después se modifique la ley. «Se quiere volver a una regulación restrictiva que la Xunta interpreta que no debería ser así. Se pretende recortar la duración de las prórrogas de las concesiones, endurecer los requisitos para establecer un negocio en el litoral y ampliar el dominio público marítimo-terrestre, limitando la propiedad privada, económica e industrial y despreciando todos los controles que ha establecido la Xunta para garantizar el compromiso normativo», ha soltado el presidente gallego.

No hay todavía un texto oficial redactado, pero en su explicación de motivos, el Ministerio para la Transición Ecológica aclara que se pretende frenar un procedimiento de infracción de la UE por, entre otras causas, permitir que las prórrogas de las concesiones se alarguen hasta los 75 años. En el anterior reglamento, anulado por la sentencia del Supremo, se establecía precisamente que la duración máxima de las concesiones era de 75 años contando desde el momento inicial de la aprobación y sumando todas las renovaciones, además de facilitar la decisión de ampliar el dominio público marítimo-terrestre.

Esta tarde, las conselleiras de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y de Mar, Marta Villaverde, han convocado en Santiago a representantes del sector mar-industria y a los alcaldes del litoral para informarles de las eventuales consecuencias de la reforma del Reglamento de Costas y tratar de formar un frente común contra la iniciativa del Ministerio para la Transición Ecológica.

Vázquez ha censurado, por no creérselo, que el motivo o «excusa» es ahora un expediente de infracción de Europa a España. «Queremos saber qué dice ese expediente y se nos niega a las comunidades. Pero cuando pedimos el resto de los expedientes, sí que nos los dan. Entonces, queremos saber qué está sucediendo», ha señalado. «A gato escaldado, todo son miedos. El miedo que tenemos lo venimos arrastrando desde 2018, quiere hacerse con mayor espacio de dominio público marítimo-terrestre, no hacer ningún tipo de consulta y, al final, prohibir para no invertir», censuró.

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