La Xunta otorga en siete meses más de 700 permisos de ocupación y uso del litoral

Desde el pasado día 1 de julio, la Xunta es la administración competente para gestionar el litoral, tanto la primera línea de mar, el dominio público marítimo-terrestre (DPMT), como la llamada zona de servidumbre de protección, que es la franja de terreno a continuación de entre 20 y 100 metros de ancho. En estos poco más de siete meses que lleva al frente de la intendencia ya ha aprobado un total de 726 concesiones o autorizaciones para ocupar, o usar, el litoral de la comunidad.

Antes, esta actividad era cosa del Gobierno central, pero ya no, aunque la normativa que la regula sigue siendo estatal y la Xunta debe cumplirla, con mayor o menor diligencia. Por el volumen de actos vinculados a los usos del litoral, la Consellería de Medio Ambiente saca pecho de su capacidad "para asumir competencias con eficacia y aportando seguridad jurídica".

En total, sumando también los informes (194), la Administración autonómica eleva a 920 sus actos sobre la costa con las nuevas competencias.

En cuanto a las autorizaciones y concesiones —desde títulos habilitantes hasta permisos temporales de ocupación—, 482 corresponden a la zona de servidumbre de protección y 244, al dominio público marítimo-terrestre.

En todo caso, la Xunta se queja de que el Gobierno central todavía no ha trasladado a la comunidad autónoma toda la información referida a actividades y usos en la costa. Le ha entregado 661 expedientes que afectan al DPMT, pero, según denuncia, todavía le retiene la documentación de 194 concesiones de la primera línea de mar que están en vigor.

En estos siete meses, tanto a través de la página web de la Consellería de Medio Ambiente como del teléfono de atención al ciudadano, la Xunta ha recibido más de 8.400 consultas y cerca de 1.700 llamadas para resolver dudas de tramitación y del proceso de autorización para instalarse u ocupar temporalmente la costa.

La Xunta implantó el 1 de julio una solicitud electrónica única para realizar estas gestiones, mientras que antes, cuando las competencias eran ministeriales, se requerían cinco formularios de papel.

El proceso para hacerse con la gobernanza del litoral fue largo y se resolvió en los tribunales. Fue el Constitucional el que dictaminó las plenas competencias de la comunidad gallega para gestionar su litoral sin necesidad de reformar el Estatuto de Autonomía, que era la condición que ponía el Estado para acceder a la transferencia.

Ahora hay otro conflicto en marcha. La Xunta ya ha levantado la voz y prepara un frente común con los alcaldes del litoral y el sector mar-industria contra la pretensión del Gobierno de reformar el Reglamento de Costas para, entre otras razones, limitar a un máximo de 75 la duración de las concesiones en el DPMT, contando el plazo de la primera autorización y las sucesivas prórrogas.

La Administración gallega entiende que se pone en riesgo la seguridad jurídica de los títulos existentes y que, de la noche a la mañana, una propiedad privada puede amanecer como perteneciente al Estado.

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