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La Xunta investiga posibles irregularidades en las oposiciones a Policía Local

La Academia Galega de Seguridade Pública da el paso tras recibir un escrito anónimo sin pruebas, pero con graves acusaciones sobre filtraciones

Advierte de que si comprueba su veracidad, se "actuará en consecuencia"

La Fiscalía todavía no ha recibido denuncia alguna de los afectados

Una patrulla de la Policía Local en A Coruña.

Una patrulla de la Policía Local en A Coruña. / LOC

A Coruña

La Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) ha iniciado una investigación interna para esclarecer las quejas sobre presuntas irregularidades en las oposiciones a Policía Local celebradas a finales del año pasado. La propia Xunta, a través de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, reconoció este jueves a LA OPINIÓN que, tras la celebración de las pruebas, recibió un anónimo que apuntaba a comportamientos supuestamente irregulares por parte de algunos candidatos.

El departamento dirigido por Diego Calvo detalla que durante el desarrollo de los ejercicios «no se detectó ninguna irregularidad», ni por parte del tribunal calificador ni del personal encargado de la supervisión. El organismo autónomo adscrito a la Consellería de Presidencia sostiene que las pruebas se realizaron «con pleno respeto al principio de legalidad, a las bases de la convocatoria y a las normas reguladoras de los procesos selectivos público».

Pero el anónimo recibido tras el examen, sin embargo, ha obligado a la institución a mover ficha. Aunque el escrito anónimo, detalla la Xunta, no aportaba pruebas, datos verificables ni denunciantes identificados, la Agasp lo trasladó al tribunal «para los efectos oportunos». A día de hoy, subraya la Xunta, no existe ninguna investigación judicial abierta ni indicios objetivos de ilícito penal vinculados al proceso.

Desde la propia Fiscalía así lo confirmaron este jueves por la mañana a este periódico. En caso de que se interpusiera, el Ministerio fiscal la estudiaría, se incoarían diligencias de investigación preprocesal y se analizaría qué diligencias habría que practicar. En caso de ver posible delito, la Fiscalía daría instrucciones a la policía judicial para investigar. Unas «pautas habituales», detallan fuentes de la Fiscalía gallega, tal y como se está haciendo en la actualidad con las denuncias de fraude en las oposiciones a administrativo de la Seguridad Social celebradas en A Coruña.

Pese a que todavía no hay ninguna denuncia en curso, la Xunta avanza que está trabajando para comprobar la veracidad de las presuntas irregularidades y que actuará «en consecuencia» si se confirma algún indicio. La clave, reconocen desde la Consellería de Presidencia, es despejar cualquier sombra sobre un proceso especialmente sensible por su impacto en la seguridad pública y por la elevada competencia entre aspirantes.

Mientras, la Xunta reitera su compromiso con los principios de igualdad, mérito, capacidad y transparencia, e invita a cualquier persona que disponga de información verificable a trasladarla por los cauces legalmente establecidos.

Desde Axempol (Asociación Profesional de Jefes y Mandos de la Policía Local de Galicia) confirmaban también a este periódico que el órgano convocante de las oposiciones a Policía Local ha abierto una investigación interna, el proceso habitual cuando se producen denuncias de este tipo. Desde el colectivo, se evita hacer un pronunciamiento sobre las supuestas irregularidades. «Hay que ser prudentes y no hacer elucubraciones», defiende José Manuel Rico, presidente de Axempol y jefe de la Policía Local en A Coruña, al tiempo que reivindica que debe «garantizarse la limpieza y el buen hacer en cada proceso».

Las quejas de los denunciantes se centran, principalmente, en el examen teórico, donde varios aspirantes aseguran que un reducido grupo de candidatos —todos vinculados a una misma academia privada— habría tenido acceso previo al contenido del test. Distintos testimonios recogidos por The Objective, aseguran haber recibido ofertas para superar los exámenes con sistemas de comunicación ocultos a cambio de importantes sumas de dinero. Estas propuestas habrían incluido pagos que oscilaban entre los 15.000 y los 20.000 euros, con un sistema escalonado: un primer abono inicial y un segundo pago condicionado a la obtención final de la plaza. Según los testimonios recogidos, este grupo obtuvo calificaciones «anormalmente altas» en la Agasp.

A estas sospechas se suma la denuncia de que algunos candidatos habrían utilizado dispositivos electrónicos ocultos, como pinganillos, para recibir respuestas desde el exterior durante la realización del examen. Varios opositores aseguran que esta práctica habría sido coordinada desde la citada academia privada.

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